/ domingo 1 de septiembre de 2024

Exigen atención para los cientos de desplazados por la violencia en Guadalupe y Calvo

Los delincuentes han bloqueado caminos y expulsado de sus comunidades a decenas de familias

La Diócesis de Tarahumara y organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por las más de 300 desplazadas por la violencia en las comunidades El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas, del municipio de Guadalupe y Calvo, a la vez que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora María Eugenia Campos Galván que se les brinde protección y atención debido a que en este momento no tienen alimentos.

La petición además se extiende a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; también a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado, dado que se ha minimizado la problemática.

Se informó que son más de 300 personas de las comunidades El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas, del municipio de Guadalupe y Calvo, las que fueron expulsadas de sus casas, luego de que un centenar de civiles armados los han amenazado.

La comitiva, conformada mayormente por mujeres, niñas y niños, llegó a la población de Cinco Llagas, en el mismo municipio, y se refugian en el domo de la escuela. Estas personas, que huyen de la violencia que amenaza sus vidas, ahora enfrentan la falta de alimentos y de un lugar seguro en el cual resguardarse.

Los hechos delictivos tienen su origen desde el 27 de agosto, cuando integrantes de un grupo delictivo asesinaron a una persona, y bajo amenazas, han impedido que el cuerpo sea rescatado para entregarlo a sus familiares.

Aunque las personas desplazadas han confirmado la presencia de las fuerzas armadas del gobierno, señalan que son muy pocos los elementos presentes, y que es muy superior el número de civiles armados que les amenazan desde los cerros y en los caminos.

Los delincuentes han bloqueado caminos y expulsado de sus comunidades a decenas de familias, quienes piden auxilio con el apoyo de la Diócesis de Tarahumara y otras organizaciones civiles.

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De esta forma, las familias desplazadas claman por el auxilio necesario para garantizar su seguridad y sus vidas.

Se pidió que se fortalezca la presencia de las instituciones de seguridad pública y que se les facilite el desplazamiento digno y seguro, así como la ayuda humanitaria que requieren en esta difícil situación.

También se solicitó ayuda para rescatar el cuerpo de la persona asesinada, pues se encuentra descomponiéndose a la intemperie. Estas solicitudes se hicieron de manera formal a las autoridades antes mencionadas.

La solicitud está firmada por la Diócesis de Tarahumara, así como por las organizaciones Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.; Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International IPRI en México; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT)”; Colectivo en prácticas psicosocial y acción comunitaria, así como Tonelhuayotzin nuestra raíz.

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Las firmantes llamaron a las autoridades nacionales, estatales y municipales para implementar estrategias efectivas para la protección de la vida y la permanencia de las comunidades de la región de Guadalupe Calvo en sus territorios ancestrales. Asimismo, exigieron a los grupos armados ilegales respetar a la población civil y el Derecho Internacional Humanitario.

La Diócesis de Tarahumara y organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por las más de 300 desplazadas por la violencia en las comunidades El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas, del municipio de Guadalupe y Calvo, a la vez que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora María Eugenia Campos Galván que se les brinde protección y atención debido a que en este momento no tienen alimentos.

La petición además se extiende a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; también a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado, dado que se ha minimizado la problemática.

Se informó que son más de 300 personas de las comunidades El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas, del municipio de Guadalupe y Calvo, las que fueron expulsadas de sus casas, luego de que un centenar de civiles armados los han amenazado.

La comitiva, conformada mayormente por mujeres, niñas y niños, llegó a la población de Cinco Llagas, en el mismo municipio, y se refugian en el domo de la escuela. Estas personas, que huyen de la violencia que amenaza sus vidas, ahora enfrentan la falta de alimentos y de un lugar seguro en el cual resguardarse.

Los hechos delictivos tienen su origen desde el 27 de agosto, cuando integrantes de un grupo delictivo asesinaron a una persona, y bajo amenazas, han impedido que el cuerpo sea rescatado para entregarlo a sus familiares.

Aunque las personas desplazadas han confirmado la presencia de las fuerzas armadas del gobierno, señalan que son muy pocos los elementos presentes, y que es muy superior el número de civiles armados que les amenazan desde los cerros y en los caminos.

Los delincuentes han bloqueado caminos y expulsado de sus comunidades a decenas de familias, quienes piden auxilio con el apoyo de la Diócesis de Tarahumara y otras organizaciones civiles.

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De esta forma, las familias desplazadas claman por el auxilio necesario para garantizar su seguridad y sus vidas.

Se pidió que se fortalezca la presencia de las instituciones de seguridad pública y que se les facilite el desplazamiento digno y seguro, así como la ayuda humanitaria que requieren en esta difícil situación.

También se solicitó ayuda para rescatar el cuerpo de la persona asesinada, pues se encuentra descomponiéndose a la intemperie. Estas solicitudes se hicieron de manera formal a las autoridades antes mencionadas.

La solicitud está firmada por la Diócesis de Tarahumara, así como por las organizaciones Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.; Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International IPRI en México; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT)”; Colectivo en prácticas psicosocial y acción comunitaria, así como Tonelhuayotzin nuestra raíz.

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Las firmantes llamaron a las autoridades nacionales, estatales y municipales para implementar estrategias efectivas para la protección de la vida y la permanencia de las comunidades de la región de Guadalupe Calvo en sus territorios ancestrales. Asimismo, exigieron a los grupos armados ilegales respetar a la población civil y el Derecho Internacional Humanitario.

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