La Auditoría Superior del Estado detectó faltas en la administración de los bienes relacionados con hechos delictivos de la Fiscalía General del Estado, por no contar con registros, controles, inventarios, gastos y todo lo relacionado con la administración de los bienes muebles e inmuebles del exgobernador de Chihuahua César Horacio D.J.
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En el informe individual de la cuenta pública del 2019, que elaboró la Auditoría Superior del Estado, generó cuatro observaciones para que se establecieran mejores mecanismos para la rendición de cuentas de estos bienes, por omisiones en seguros, registros y además realizó la promoción de responsabilidad sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control continúen con la investigación de los hallazgos detectados.
En la información que analizó la Auditoría Superior del Estado, detectó faltas de sistemas de registro y controles, para la administración de las ventas, inventarios y gastos de los Bienes Relacionados con Hechos Delictivos.
Lo anterior, luego de que con la revisión de la administración de los ingresos y egresos obtenidos por la venta de los productos que emanaron de los bienes incautados, y con base en la información solicitada y proporcionada se identificaron ingresos por la cantidad de 19 millones 83 mil pesos sin que se haya tenido el registro exacto en cuanto a la raza del semoviente, cantidad, fierro, número de arete, toneladas, entre otras.
“Se identificaron erogaciones por 17 millones 503 mil pesos; en lo que respecta al inventario únicamente se conoce la cantidad global de 2 mil 953 bienes al 31 de diciembre de 2019, no teniendo el registro exacto en cuanto a la raza del semoviente, cantidad, fierro, número de arete, cantidad exacta de nogales, estado físico, etc. Derivado de lo antes mencionado, es de resaltar que la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes y Fideicomisos no cuenta con un sistema contable y/o administrativo ni con disposiciones normativas internas (manuales de políticas y procedimientos), sistema informático, para la administración de los bienes relacionados con hechos delictivos, que haya permitido presentar, revelar y valuar las operaciones realizadas mediante registros confiables y que permitieran su vigilancia y supervisión”, refiere la Auditoría Superior del Estado.
En otra de las observaciones, la Auditoría detectó la omisión de examinar, aprobar los informes relacionados con la administración y manejo de bienes asegurados por parte de la Autoridad Administrativa y rendir dicho informe a la Comisión para la Supervisión de la Administración y Destino de los Bienes Relacionados con Hechos Delictivos.
En el informe individual, la Auditoría explica que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, derivado del análisis a la documentación presentada; la entidad fiscalizada adjuntó informes dirigidos a Eduardo Ramírez Román, director de Enajenación y Administración de Bienes y Fideicomisos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, emitidos por el C. Héctor Hugo Pérez Robles, de los cuales, 2 de ellos de fecha 31 de marzo y tres más del 30 de junio, todos de 2019, no son válidos, toda vez que el Lic. Eduardo Ramírez Román tomó posesión del cargo el día 2 de septiembre de 2019, aunado a lo anterior, dos de los informes en comento, del día 30 de junio, se encuentran incompletos y carecen de la firma del citado Héctor Hugo Pérez Robles, administrador de los ranchos del exgobernador.
Así también Eduardo Ramírez Román, director durante su periodo, informó que no se contó con personal idóneo para la revisión de los informes en los sitios relacionados a la administración de los ranchos; por otro lado, Marco Julio Durán Villa en otro periodo señala que durante el periodo de revisión se llevó solamente una sesión ordinaria de la Comisión para la Supervisión de la Administración y Destino de Bienes relacionados con Hechos Delictivos, por el cambio de titulares, que no se contaba con recursos para hacer frente a los compromisos, teniendo que ser autosustentable por ventas agrícolas y ganaderas para realizar la administración, cuidado y conservación de los bienes puestos a disposición material de esta dirección.
La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua promovió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública, por sí o por conducto del órgano interno de control competente, continúe la investigación de los hallazgos detectados o bien, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, faltaron a su obligación de rendición de cuentas, al omitir la presentación de los informes en cada sesión de la Comisión para la Supervisión de la Administración y Destino de los Bienes Relacionados con los hechos delictivos.
En otra observación, también detectó omisión en la contratación de pólizas de seguros para mantener la debida conservación de los Bienes Relacionados con Hechos Delictivos, ya que mitigó el riesgo de pérdida de los bienes relacionados con hechos delictivos y con base en la información solicitada y proporcionada por la entidad fiscalizada; se determinó que no contrató seguro por la posibilidad de daño, robo o pérdida o destrucción de los bienes asegurados.
La Auditoría también detectó otra omisión en la celebración de sesiones y de supervisión por parte de la Comisión para la Supervisión de la Administración y Destino de los Bienes Relacionados con Hechos Delictivos, toda vez que de la revisión a la rendición de cuentas ante la comisión se determinó que sólo se llevaron a cabo la primera y segunda sesión ordinaria, de fecha 21 de marzo de 2018 y 22 de noviembre de 2019.
En la de 21 de marzo de 2018, en la primera sesión ordinaria fue legalmente instalada la multicitada comisión, no habiendo más sesiones celebradas desde la fecha antes mencionada, sino hasta el 22 de noviembre de 2019 en la cual se realizó la segunda sesión ordinaria donde se presentó a la nueva Autoridad Administrativa, omitiéndose realizar las tres sesiones restantes correspondientes al ejercicio fiscal de 2019; tampoco se proporcionó documentación que acredite haber realizado la supervisión de la administración y destino de los bienes relacionados con hechos delictivos.