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Actualmente en el estado de Chihuahua hay 3,462 personas reportadas como desaparecidas y que siguen sin ser localizadas, sus familias han quedado a la deriva, debido a que no existe un programa de atención integral, lo que vulnera su derecho como víctima e incluso el sistema también a esas familias las desaparece.
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La abogada Norma Ledezma Ortega, directora y fundadora de Justicia para Nuestras Hijas señaló que hasta el momento no existe la voluntad para cumplir con el derecho que tienen las víctimas a recibir una atención digna, diferenciada y transformadora.
“Como quieren reconstruir la sociedad, si a las familias de personas desaparecidas no se les brinda la oportunidad de reconstruir su vida”, señaló la activista, quien en carne propia sufrió la desaparición de su hija por 27 días, hasta encontrarla sin vida.
Diariamente desaparecen 10 mujeres en el país, cientos desaparecen año con año, y sus familias además de sobrevivir con el dolor, tienen que lidiar con el problema económico que sufren, sobre todo porque se pierde el ingreso familiar, aunado a lo que conlleva la búsqueda como lo son traslados para revisar las carpetas de investigación, rastreos e incluso atención médica.
El Estado Mexicano no ha sido capaz de diseñar un programa integral para la atención de estas familias, cuyos integrantes se enfrentan a perdidas emocionales, espirituales, mentales, familiares, sociales y económicas.
“Cuando hay una persona ausente el dolor, la incertidumbre, tristeza, ataques de pánico, la desesperación y hasta la locura se apodera de ti”.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) consigna que en la capital son 495 personas en estatus de persona desaparecida, la Fiscalía General del Estado informó que en el estado son 527 mujeres desaparecidas, por lo que hay 2,935 hombres en la misma condición.
SIN APOYO, TRABAJAS O BUSCAS
A pesar de que se han creado programas como el FANVI o incluso en el Ichimujeres desde la administración de Luisa Camberos se inició el apoyo pero solo a víctimas de feminicidio, pero para las ausentes no existe nada.
Ante ello se hace necesario una respuesta contundente por parte de las autoridades, porque no solo basta con la atención jurídica, donde tampoco se cumple con la víctima porque la búsqueda inmediata e ininterrumpida no se realiza, es solo un ideal.
El derecho de la familia se vulnera una y otra vez, la vida de la familia cambia desde el momento de la desaparición. Hace falta atenderlas de manera social para tratar de paliar la situación por la que atraviesan tras la desgracia.
Debe de haber un grupo multidisciplinario que les atienda de manera psicológica y social, hay madres que no tienen recursos para trasladarse a la fiscalía, tampoco para recargar sus celulares y lo más común es que las familias se enfrentan a la pérdida de empleo debido a las faltas para atender el caso. Muchos ministerios públicos las hacen revisar las carpetas en horario de laboral.
La familia empieza a carecer de lo más elemental, necesidad de salud mental y física, cubrir necesidades alimenticias, escolares e incluso civiles como es un acta de nacimiento o hacer un juicio para que la abuela, tía o madrina pueda hacerse cargo de los niños que dejan las personas desaparecidas.
Incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no cuenta con todo el personal idóneo, empático y comprometido, al grado que se enfadan al momento de recibir a las familias.
Los miembros de estas familias que se enfrentan a problemas de salud derivadas del hecho delictivo que es la desaparición deben de demostrarlo de manera fehaciente de lo contrario no les brindan el servicio médico.
Cuando logran demostrarlo la atención es programada y fría. Hay muchas familias que no cuentan con la atención por no poder demostrar la condición.
Uno de los casos más conocidos fue el de Yesi Corpus, madre de Alondra Nolasco Corpus aun desaparecida desde el 2017, ella requería de un medicamento oncológico con el cual no se contaba en el nosocomio donde le daban el tratamiento por una leucemia. Pidieron apoyo a la CEAV para comprar el medicamento, le fue negado, la encargada de despacho argumento que no se tenía el antecedente que la enfermedad que padeciera era derivada de la desaparición de su niña. La ciudadanía se solidarizó y apoyo para la compra. Yesi murió una semana después.
El gobierno de Chihuahua no cuenta con un programa eficaz para paliar los años de impunidad que viven las familias donde hay un espacio vacío a consecuencia de una desaparición.
