La Fiscalía General del Estado se declaró impedida para entregar el caso del ex fiscal de Derecho Humanos, Francisco G.A. acusado de tortura, a la Fiscalía General de la República, luego de que ésta última así lo solicitara en días pasados.
Mediante un comunicado de prensa, la FGE se dijo respetuosa de la instancia federal, sin embargo, explicó los motivos por los cuales, respetando el debido proceso, no puede trasladar el caso a la FGR.
Se detalló que lo correspondiente a la causa penal 3776/22, en donde se acusa a Francisco G.A. de haber aplicado tortura en contra de ex funcionarios de la administración del entonces gobernador César Duarte, se judicializó un día después de cumplimentar la detención del hoy imputado, es decir, desde el pasado 22 de noviembre, y fue ahí cuando un juez determinó la prisión preventiva como medida cautelar.
Posteriormente, el 26 de noviembre, una juez de control del Distrito Judicial Morelos, le dictó el auto de vinculación a proceso y fijó tres meses para la investigación complementaria.
Por su parte, como ya lo ha mencionado en distintas ocasiones el fiscal general del Estado, Roberto Fierro, la investigación deriva de una solicitud del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras recibir denuncias de posible tortura.
Lo anterior fue ratificado por la víctima con identidad reservada, y fue ahí que, desde ese momento, la FGE diligenció la solicitud expresa, siempre cuidando el derecho de las víctimas, quienes son fundamentales en el quehacer del órgano técnico por mandato constitucional.
“El cuidado al debido proceso nos obliga a actuar con diligencia, siempre cuidando los principios de legalidad, seguridad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas; la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se encuentra imposibilitada jurídicamente, toda vez que por la etapa en que se encuentra el procedimiento, se pasó a ser parte del proceso y no autoridad, por lo cual, está sujeta a las determinaciones que tome el Juez”, versa el boletín informativo.
Asimismo, se subrayó que el delito de tortura trastoca la dignidad de la persona, por lo que la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, está enfocada a favorecer en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas víctimas.
El comunicado concluye haciendo énfasis en que la FGE actúa siempre con estricto apego al estado de derecho, a los derechos humanos de las partes involucradas en el procedimiento, cumpliendo cabalmente con los estándares internacionales en materia de procuración de justicia.