Comprometidos con su responsabilidad de garantizar que ningún candidato sea agresor en algunas de sus formas en razón de género, el Instituto Estatal Electoral (IEE) firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo anterior, para que, por medio de esta colaboración se pueda asegurar que ninguno de los aspirantes a algún cargo de elección popular sea violentador; en caso de ser así, las autoridades notificarán al IEE y este habrá de invalidar el registro de esa persona notificando al partido político al cual pertenezca.
Te puede interesar: Se registra Kike Valles y candidatos de MC por cargos en la ciudad de Chihuahua
En su discurso, la consejera presidente del IEE, Yanko Durán Prieto, precisó que esta firma de convenio se hace con el objetivo de dar cabal cumplimiento al Artículo 38 constitucional en el que se advierte que ningún violentador podrá llegar a algún puesto público.
Aclaró igualmente que, lo que anteriormente era conocido como la ley tres de tres, ahora es conocida como la ley ocho de ocho debido a los casos o acusaciones relacionadas con la violencia que pueden frenar la postulación de candidaturas, motivo por el cual es indispensable la estrecha relación con el TSJ y la FGE para que notifiquen si alguno de los candidatos ha ejercido algún tipo de violencia.
➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua
El fiscal General del Estado, César Jáuregui, no dejó de hacer mención que, pese a estar en el umbral de que México tenga por primera vez en su historia a una mujer como presidenta de la República y de que en la entidad los tres poderes sean liderados por mujeres, lamentablemente se sigue cometiendo violencia política de género, de ahí la importancia de este convenio y de impedir que agresores lleguen al poder.
Por su parte, Esmeralda Reyes, representante del TSJ, reconoció el esfuerzo de las legisladoras, representantes de los partidos políticos y de los diferentes colectivos feministas por haber ampliado la ley pasando de la tres de tres a la ocho de ocho. Igualmente, reconoció lo trascendente que resulta la colaboración interinstitucional para dar cumplimento al artículo antes mencionado.
De esa manera, se podrán revisar los antecedentes de las personas que aspiran a ocupar algún cargo de elección popular tomando en cuenta que no cuenten con algún antecedente de violencia en razón de género, por lo que se deberá asegurar que sean buenos seres humanos.
Los aspirantes perderán su registro en caso de que cuenten con una sentencia firme por la comisión intencional de delitos conta la vida y la integridad corporal de la mujer, delitos contra la libertad y seguridad sexuales, cuando afecte el desarrollo psicosocial, haya cometido violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política o sea declarada como persona deudora alimenticia morosa.