El abogado que se sumó durante el fin de semana a la defensa del ex fiscal Francisco G.A., Iker Ibarreche, expresó que la jueza Hortensia García Rodríguez está en serios aprietos, puesto no puede suplir las deficiencias del Ministerio Público y vincular a proceso al imputado sería vulnerar seriamente sus derechos.
“En cuanto a la prueba de Estambul, es que no cumple ni las mínimas exigencias como acreditar ser expertos en el tema, no anexan las entrevistas, ni las baterías de preguntas, incluso en ese informe simple y sencillamente no hay psicólogos y médicos. Al respecto la defensa presentó las opiniones de dos expertos en la materia que señalan todas las deficiencias que presenta el informe, y lo más increíble es que la FGE pagó 600 mil pesos para ese informe”, comentó.
También indicó que la Fiscalía pretende sustentar su caso en 5 personas distintas al denunciante que nunca refieren los hechos, e incluso 3 de ellos no mencionan el nombre del imputado.
Así lo expresó el abogado defensor en un mensaje que se publicó en el perfil de Facebook “Justicia para Francisco”, realizado por personas que han sido y son alumnas de Francisco G.A. y en donde se publican constantemente comentarios y opiniones de apoyo para el imputado por el delito de tortura.
“La jueza está en un aprieto muy grande, porque fue tan ambigua con tan poca consistencia la imputación que la jueza tiene dos opciones: suplir las deficiencias de la Fiscalía o dictar un auto de vinculación con tantas ambigüedades, sin nada concreto, sin que se establecieran los hechos de manera clara y detallada que implicaría una vulneración a sus derechos”, explicó el abogado.
Explicó que el Sistema de Justicia no permite que la jueza realice correcciones a la Fiscalía, puesto que el elemento más importante es que la jueza tiene que mantenerse en un nivel de parcialidad absoluta.
Agregó que lo más increíble de este caso es que el hecho que imputa la Fiscalía es que la supuesta persona denunciante es que fue torturada por 21 meses seguidos, pero la misma persona dice que la primera vez que acude a declarar es cinco meses después de que supuestamente la empezaron a torturar, en el verano del 2017 y según los fiscales comenzaron los malos tratos en febrero en el 2017, es el primer gran absurdo de este asunto, comentó.
También explicó que la persona denunciante solo refiere esa fecha (verano del 2017) y diciembre del 2018 que ni siquiera es parte de los hechos: “esto es irracional: que de manera permanente, o sea que todo momento durante 21 meses se los torturó de manera psicológica, durante 21 meses en todo momento y todos los días les gritaban, los amenazaban y no los dejaban ir al baño es algo irrisorio”, continuó.
Por otro lado, indicó que dice el denunciante que el imputado le decía que lo iban a meter a la cárcel, que amenazaban a su familia pero nunca dice cómo los amenazaba, que le decían “no mames fulano de tal, tú sabes más que eso”... ¿cómo va a ser una expresión de ese tipo de tortura? Es una expresión que muchos la usamos y puede ser interpretada de mil maneras, comentó en su mensaje.
