El servidor público inhabilitado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, tras haberse acreditado la falsificación de documentos para adjudicarse 65 millones de pesos, enfrenta otro proceso penal ante la Fiscalía General del Estado.
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Así lo dio a conocer el auditor superior del Estado, Héctor Acosta, quien manifestó que por la naturaleza de la irregularidad, se interpusieron denuncias distintas, una ante la FGE la cual tiene el carácter penal, y otra ante el TEJA por el tema administrativo.
Se trata de la persona identificada como E.A.P.R. a quien el TEJA le dictó una sentencia condenatoria que consiste en la inhabilitación de dos años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
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Lo anterior luego de que dentro de la cuenta pública correspondiente al 2020 de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior del Estado detectó que la persona presentó documentación alterada en el registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de Gobierno del Estado.
Esta alteración o falsificación de documentos fue con el fin de simular el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como las de su representada Copiher, Comercializadora y Prestación de Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V. lo que les permitió beneficiarse con diversos contratos vía adjudicación directa del Programa para la Atención de Contingencias Sociales COVID, por un importe total de 65.2 millones de pesos.
Ante esto, el titular de la ASE, Héctor Acosta comentó que en su momento, se interpondría la denuncia ante el TEJA por el carácter administrativo y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Corrupción, sin embargo, ésta última mantenía un criterio que direccionaba esos casos a la Fiscalía General del Estado.
Por ese motivo la denuncia recayó en la FGE, sin embargo, actualmente esos casos también pueden ser absorbidos por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que, aunque el caso siga en la FGE, estos pueden determinar que la naturaleza de la acción penal recaiga en la Fiscalía Anticorrupción.
