El Gobierno del Estado ha buscado generar una negociación entre los ejidatarios que cerraron una válvula de un gasoducto, y la empresa transnacional de abastecimiento de gas, así lo dijo el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien detalló que, a pesar de ser un tema ajeno a las instituciones estatales, sí se ha buscado la mediación para solucionar el problema.
El funcionario estatal calificó como una situación que abonará de manera positiva, la intervención también del Gobierno Federal, quienes, por medio de la Secretaría de Gobernación, anunciaron que se enviará a personal federal para atender el fenómeno.
“El Gobierno del Estado tiene algunos meses fomentando una mesa de negociación entre los colonos o comuneros de esa zona que tienen un conflicto con una empresa transnacional que instaló un gasoducto que termina en Sinaloa y que abastece a plantas de CFE y abastece de gas para uso doméstico y otros clientes menores”, dijo el funcionario.
Señaló como fundamental que se solucione el problema debido a que se trata de una instalación estratégica para muchos rubros, y por ese motivo se busca la negociación entre ambos grupos y que con esto se normalice el flujo del gas, pues se pone en riesgo el funcionamiento de plantas de energía de la CFE y otro tipo de industria en el estado de Sinaloa.
De la Peña Grajeda, adelantó que existe una serie de procedimientos legales los cuales cuentan con algunas resoluciones del Tribunal Agrario, sin embargo, esas resoluciones están sujetas a la interpretación de los propios abogados que representan los intereses.
Reiteró que, en ese caso altamente complejo, lo mejor es priorizar la negociación y poder llegar a acuerdos, pues dicho gasoducto es fundamental para muchos sectores del vecino estado, entre otros, pues ese gasoducto tiene una longitud de 570 kilómetros que cruzan por el estado de Chihuahua.
“Espero que sea la negociación el mejor camino para no poner en riesgo instalaciones estratégicas y la prestación del servicio de conducción de gas, que además y que pondría en riesgo la generación de energía en una parte importante de Sonora y todo el estado de Sinaloa, considerando que son cerca de cuatro plantas de energía para esos lugares”, expuso.
