La comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen gana un amparo contra el Estado. La sentencia dictada por la Juez del Juzgado Décimo de Distrito asienta que competen a todos los niveles de gobierno reparar el daño y la violación a los derechos humanos, y se mandata realizar las acciones necesarias para que puedan retornar a su territorio en condiciones de seguridad.
Desde el Centro Nacional de Comunicación Social Cencos se presentó la resolución de este amparo a favor de la comunidad y la situación por la que atraviesan, dado que desde hace seis años se encuentran desplazados a consecuencia de la violencia en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara.
➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua
La sentencia del amparo 1870/2023 ordena una vivienda digna, dado que la jueza analizó las causas del desplazamiento forzado interno de los defensores ambientales y territoriales.
Las causas estructurales del desplazamiento son la tala ilegal del bosque, la inseguridad, las amenazas y la violencia que, a la fecha, persiste en la comunidad. La sentencia a favor de la comunidad precisa que las autoridades competentes deben proteger, garantizar y reparar los derechos humanos de los integrantes de la comunidad.
Lee también: Comunidad de Coloradas de la Vírgen se ampara por inseguridad y desplazamiento
Amada Chávez Armendáriz, integrante de la comunidad relató lo que significa el desplazamiento forzado interno, porque se ven desarraigados de su población y pierden su lugar de origen. Su familia ha sido dos veces desplazada, primero salieron de Coloradas tras el homicidio de su cuñado. luego se asentaron en Baborigame, pero tuvieron que salir porque las amenazas continuaron.
La desesperación agobia a los integrantes de la comunidad, dado que están perdiendo sus tradiciones, fiestas, cultivo de alimentos y su lengua.
Antonio Palacios, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) explicó que la comunidad Coloradas de la Virgen, enclavada en el municipio de Guadalupe y Calvo cuenta con un número importante de bienes materiales que son de interés de personas que buscan el uso ilegal de los recursos naturales, por lo que desde hace más de 30 años se han visto en la necesidad de defender sus bienes y su territorio.
Desde los años noventa, la comunidad ha sido víctima de agresiones, hostigamiento, amenazas, robos de ganado y el homicidio de al menos 15 integrantes de la comunidad.
Esta situación de riesgo los llevó a ser parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de proteger su vida y su integridad.
A la fecha, se les han practicado cinco evaluaciones de riesgo y el resultado es un riesgo extraordinario debido a los actos de violencia de los que han sido víctimas. A pesar de ser parte del mecanismo, la respuesta del Estado no ha sido eficaz.
El 24 de octubre de 2018 fue asesinado Julián Carrillo Martínez, defensor de la comunidad, a raíz de su homicidio tuvieron que desplazarse. Viven en condiciones deplorables, en refugios que no cuentan con las condiciones básicas, viven en hacinamiento y sin servicio de salud y vivienda.
En el 2022 se aprobó el Plan de Protección que cuenta con 13 medidas entre las que destaca visitar la comunidad para buscar el reasentamiento en condiciones de seguridad. Así como instalar mesas de trabajo institucionales para atender la problemática, entre ellas la tala ilegal del bosque y la inseguridad. Nada se cumplió, ni se atendieron las causas estructurales de la violencia y del desplazamiento.
“Nos parece increíble vivir en un país donde la dignidad se tenga que litigar”, señaló Antonio Palacios.
Ernesto Palencia, asesor jurídico de Alianza Sierra Madre (ASMAC) señaló que la inoperancia del Mecanismo los llevó a interponer en el amparo indirecto, las autoridades federales involucradas son: la Secretaría de Gobernación, porque el dado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos depende de ella; al coordinador nacional del Mecanismo de Protección, la Semarnat, la Profepa y a la FGR.
En cuanto a las autoridades estatales está el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien incluso firmó una minuta donde se comprometió a implementar las acciones para cumplir con el plan, entre ellas vivienda digna; la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado, Agencia Estatal de Investigaciones de la Zona Sur, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que al solicitar su incorporación les fue negado el derecho.
Ante la sistemática violación a sus derechos humanos por la inacción del Estado para que en su lugar de acogida puedan vivir en condiciones de dignidad y no revictimización, es que se promovió la demanda de amparo.
En su intervención, Lucía Lagunes Huerta, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección señaló que la situación refleja la desprotección a las víctimas, ya que durante la gestión de Enrique Irazoque Palazuelos en el mecanismo se instaló una política de desprotección, dado que la prioridad era bajar costos y desincorporar a los beneficiarios a pesar del riesgo.
Además, Manuel Jabonero, de Brigadas Internacionales para la paz (PBI) destacó que les preocupa que luego de que un plan de protección es aprobado, las víctimas tengan que litigar para que se cumpla.
El abogado Palencia informó que a pesar de que la Jueza del Décimo Distrito en el estado de Chihuahua les otorgó el amparo, autoridades del Gobierno del Estado, como son Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Secretaría de Gobierno, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA), recurrieron la resolución.