Luego de que se diera a conocer el ranking de la organización “Causa en Común”, donde Chihuahua era el estado con más atrocidades hasta el tercer trimestre de 2023; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, Federico Baeza Mares, señaló que el gobierno debe actuar en consecuencia, al tiempo que ofreció el respaldo del sector privado.
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“Nosotros somos respetuosos con esta organización 'Causa en Común', creemos que sus mediciones y la información que tienen dan con este dato en donde Chihuahua puntea con temas de atrocidades, de violencia, de situaciones complicadas. El Gobierno también tiene que ser respetuoso y actuar en consecuencia”, refirió.
Resaltó que desde la iniciativa privada han visto una baja en lo que respecta al crimen de alto impacto y el robo a comercio, argumentando que hay una línea descendente, ya que este año se registraron menos que el año pasado y el antepasado, aseguró.
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“Entonces, nosotros estamos positivos que poco a poco se avanza en este aspecto, aunque como lo hemos dicho en varias ocasiones: el gran pendiente son los temas de seguridad, pero hay un cierto avance que evidencía que la autoridad está actuando de forma más inteligente que se ha reflejado en menos homicidios de alto impacto, menos robo a comercio, extorsiones, y que secuestro sea nulo”, añadió el líder empresarial.
Ante esto, insistió en que el gobierno debe respetar este ranking y actuar en consecuencia, y aprovechó para reiterar que el sector productivo está para sumar en la tarea de las autoridades para lograr paz social y una estabilidad en el ámbito de homicidios para Chihuahua.
Es de precisar que el estado de Chihuahua se posicionó en el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de atrocidades cometidas de enero a septiembre de este 2023, con un total de 442 eventos registrados en diferentes municipios, encima por el estado de Guanajuato, que contabilizó un total de 434 eventos similares.
Lo anterior fue dado a conocer por la organización “Causa en Común”, que recolecta toda la información que surge a nivel nacional, para elaborar un informe con la incidencia de delitos que podrían ser considerados como atrocidades, entre los que destacan masacres, descuartizados, calcinados, fosas clandestinas y demás.
