Luego de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informara que para darse un traslado de personas privadas de la libertad en el Cereso número 3 a penales federales, las autoridades del gobierno de Chihuahua deben solicitarlo de manera oficial y por escrito, dando a conocer la identidad y estatus procesal de dichas personas.
El Senador Gustavo Madero expresó que tendría que revisarse que la petición del gobierno de Chihuahua se realizó de manera formal, es decir por escrito y con todos los datos de identidad o si fue de únicamente de manera verbal, ya que en caso de no dar cumplimiento con la formalidad, no tiene validez jurídica la petición.
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Habrá que ver quien tiene la razón en este caso, porque de existir la petición formal del Estado a la Federación del traslado, para deslindar responsabilidades, agregó el legislador chihuahuense en la Cámara Alta.
“La federación se está lavando las manos diciendo que no se solicitó el traslado, por lo que será una situación que se tendrán que revisar, para el deslinde de responsabilidades”
El Cereso número 3 está bajo la administración estatal, por lo que el control es responsabilidad del Estado, por lo que esta fuga es una noticia muy delicada que debe de tener cambios sustantivos y no solo de personas que están a cargo de esta responsabilidad, sino también de políticas por que se observa una regresión en el tema de impunidad, agregó Madero Muñoz.
Cabe mencionar que según el último recuento generado por la Fiscalía General, fue que al menos siete vehículos acudieron al Cereso 3 de Juárez, la mayoría de ellos o posiblemente la totalidad se encontraba con blindaje, para recibir los disparos de los custodios del Cereso y lograron ingresar al penal con un saldo final de 17 personas fallecidas y al menos 14 heridos más.
Actualmente la lista de personas detenidas que se dieron a la fuga, continua incrementando y al último corte de la Fiscalía General del Estado, la estadística llegó a 30 reos que lograron evadir la seguridad y escapar junto con El Neto, pero que podría incrementarse con la contabilidad que mantienen las autoridades en el sistema penitenciario.
