Durante la sesión ordinaria de este martes en la Cámara de Diputados, la legisladora representante del Distrito octavo con cabecera en Chihuahua capital, Rocío González Alonso, manifestó un posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Acción nacional, sobre la iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En su participación, Rocío González expresó que, el Gobierno Federal ha tenido un fracaso en materia de recuperación de activos en el combate al crimen organizado y que, esta propuesta pretende encubrir y disfrazar dicha ineficacia tanto en la figura de extinción de dominio, como en la figura del abandono de cuentas.
Refirió que es conocido que, en la doctrina internacional de la recuperación de activos, como política pública de combate a la delincuencia organizada, se establece como norma que los recursos provenientes sean para apoyar a instituciones policiacas o de procuración de justicia, sin embargo, indicó “no como ocurre en México, que merced a la Ley de Extinción de Dominio, se destinan a un “gabinete social” cuyas determinaciones son opacas y con orientación clientelar”.
La legisladora mencionó que el Instituto para regresarle al pueblo lo robado ha sido un fracaso más de este gobierno y para no variar, se ha visto envuelto en escándalos de corrupción. Asimismo, dijo que incluso, habiéndose aprobado mecanismos que este gobierno ha pedido, las autoridades han sido ineficaces como resultado de la política de -abrazos, no balazos-.
Para concluir su participación, González Alonso señaló que el GPPAN votará a favor por dos razones, los diputados del PAN impulsaran cualquier medida que tienda a saldar la deuda que este gobierno tenga sobre las policías civiles que son las grandes abandonadas de esta administración federal.
El mecanismo de bienes mostrencos (que no tienen dueño conocido), ya existe en la legislación.
Con propósito de lo anterior se presentarán reservas que son indispensables para perfeccionar dicha iniciativa y darle mayor regulación, que transparente la intervención al Poder Judicial en materia de notificación de la prescripción y la finalidad de los recursos que deberán destinarse a una mayor proporción a las policías de todos los estados y los municipios, así como realizar una exclusión explícita respecto a las fuerzas armadas.
“La orientación errónea de esta política terminará perjudicando a las personas más necesitadas del país. Igualmente se requiere de un informe detallado de cómo se han venido desarrollando las acciones para la beneficencia pública. Necesitamos conocer qué se está haciendo para su sostenimiento”, finalizó.
