Defensores de derechos humanos del estado de Chihuahua exigen atención a la Secretaría de Gobernación Federal debido a que el desplazamiento forzado a causa del crimen organizado va en ascenso y la situación de inseguridad mantiene en riesgo a la población.
Los defensores denunciaron ante Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación, que en lo que va del año, se han dado a la tarea de documentar y enviar información sobre la situación de inseguridad que se vive en el municipio de Guadalupe y Calvo, en específico en Baborigame, donde existen más de 300 personas desplazadas de diversas comunidades del municipio debido a las amenazas, violaciones y ataques armados por parte de los grupos delincuenciales que buscan talar el bosque.
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Refirieron el caso de la comunidad de La Sierrita, cercana a Santa Tulita, donde las personas tuvieron que salir huyendo tras un ataque armado y amenazas de acabar con su vida. Las 60 personas se quedaron sin patrimonio porque los criminales quemaron sus viviendas y mataron a varias personas.
Esta situación motivó la realización de dos jornadas por la paz de parte de organizaciones de la sociedad civil en solidaridad con la comunidad mencionada y dos visitas de autoridades de Gobierno del Estado en los meses de agosto, septiembre y noviembre.
Entre los defensores se encuentran monseñor Juan Manuel González, Obispo de la Tarahumara; el presbítero Gabriel Parga Terrazas, Párroco de Baborigame; el padre Javier Ávila Aguirre, S.J. Presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Diana Villalobos Díaz, Directora de Consultoría Técnica Comunitaria.
Se informó que durante el lunes 11 y martes 12 de diciembre, se trasladaron a Baborigame otras personas de la comunidad de Mala Noche y a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, a recoger tarjetas de “Procampo”, y el día 13 de diciembre, pobladores de Santa Tulita, Puerto de Ánimas y Puerto Riyito, al regresar a sus casas, un grupo armado les impidió el paso, quedando con la preocupación de que tenían a sus hijos en la casa y no podían regresar a verlos.
El 14 de diciembre, en respuesta a la demanda de seguridad para la región, elementos de la Guardia Nacional, Policía del Estado y Policía Ministerial, acompañaron a varias personas a Santa Tulita para que regresaran a su comunidad con seguridad a Baborigame.
El viernes 15, un grupo armado asentado en la comunidad de Alisos, fueron a la ranchería de Puerto de Animas y se llevaron a dos muchachos a la fuerza: Emanuel Ángel Guevara Ayala de 15 años y Jesús Manuel Ayala Almanza de 13 años, cuando ellos se encontraban trabajando en el campo.
La situación se ha tornado muy grave debido a que los grupos armados van y “secuestran” a los adolescentes para integrarlos a sus filas, quienes no aceptan corren el riesgo de perder la vida.
Los habitantes de esa región viven constantemente con el temor de la llegada de los grupos armados y han tenido que dormir en el monte. Denuncian que durante la noche se escuchan disparos, incluso han visto la presencia de drones por encima de sus comunidades.
El sábado 16 del presente mes, se percataron de la presencia de varias camionetas con personas armadas y eso aumenta el temor de quedarse en el monte como su único refugio. Una de las camionetas que circuló se encuentran en la comunidad de Taunas y la otra en Puerto de Ánimas.
Los grupos armados les acaban de advertir a los miembros de las comunidades mencionadas que tienen tres días para abandonar sus casas.
Ante esta situación, los defensores de derechos humanos solicitaron la realización de operativos permanentes y no solo operativos esporádicos ni pasajeros.
Los grupos armados circulan con toda impunidad e impiden que la gente pueda salir a conseguir lo más elemental.
Demandaron de manera urgente que se localice a los jóvenes que se llevaron los criminales y que se instale una mesa de seguridad en Baborigame con autoridades, pobladores y asociaciones civiles.
