El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, informó que actualmente tienen siete quejas por desplazamiento forzado en esta entidad, de las cuales corresponden tres a Guadalupe y Calvo, dos de Madera, una de Bocoyna y una más del municipio de Balleza.
El ombudsman agregó que por fortuna de tipificó recientemente como delito el desplazamiento forzado interno.
“Esto da pie a que se puedan presentar las denuncias ante el Ministerio Público por tal delito a diferencia de antes, en donde se ligaban delitos como el despojo, las amenazas o algún tipo de ataque a la integridad”, puntualizó.
Néstor Armendáriz, comentó que actualmente existe una comisión interinstitucional para atender el desplazamiento forzado interno, en donde participa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno, entre otros.
Reiteró que dicha comisión sesionó la semana pasada para abordar específicamente un caso presentado en Guadalupe y Calvo, sin embargo, el derechohumanista se reservó la información por razones de seguridad.
Señaló que el número de personas desplazadas es indeterminado, porque en casos como los de Bocoyna y de Guadalupe y Calvo, cada queja refiere a varias familias, incluso en algunas comunidades se tiene el registro del desplazamiento de hasta más de cien personas.
Hizo énfasis en que una de las áreas que existen dentro de la comisión interinstitucional, se encarga exclusivamente de realizar un censo, porque hay muchas personas que aun siendo víctimas del desplazamiento forzado no tienen conocimiento de que están en esa condición y no acceden a los apoyas que puedan recibir por parte de algunas instituciones.
Manifestó que las siete quejas que ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han registrado entre el 2022 y lo que va del 2023.