El exgobernador César D., permanece en el Cereso de Aquiles Serdán desde junio del presente año, luego de ser extraditado tras su detención en Miami Florida, el pasado julio del 2020; desde entonces, se le han fincado cargos por 20 causas penales y siete procedimientos administrativos.
Sin embargo, la causa penal por la que permanece en prisión es la única ya que está en pie en su contra y con la cual se le imputan dos delitos penales; ya fue procesado por esta causa penal y se encuentra corriendo el tiempo de la investigación complementaria.
Por otro lado, de los siete procesos administrativos que se habían abierto en su contra, 5 ya fueron concluidos y archivados sin habérsele encontrado responsabilidad administrativa; así lo informó el abogado Juan Carlos Mendoza, quien refirió ayer a El Heraldo de Chihuahua que la Secretaría de la Función Público lo absolvió de un proceso administrativo relativo al supuesto desvío de recursos en Fideapech.
“Existieron 19 causas penales más aparte de la que se le imputó... esas otras 19 ya no son imputables por la regla de especialidad del Tratado de extradición con los Estados Unidos”, refirió el defensor.
Esta última absolución que le concedió la SFP, fue a causa de que la denuncia que se le interpuso, refirió su abogado defensor, se basó en una ley abrogada y se hizo pasar al Fideapech como un organismo gubernamental, cuando en realidad es una entidad paraestatal y cuyos recursos son administrados por una institución fiduciaria.
La resolución de la SFP sobre el procedimiento administrativo disciplinario 002/2019, se emite en el marco del procesamiento jurisdiccional en contra de Francisco G.A. quien fue el coordinador de la llamada Operación Justicia para Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral y que buscó fincar responsabilidades administrativas y causas penales contra exfuncionarios duartistas por diversos actos de corrupción.
Sin embargo, al haber sido acusado por el delito de tortura, se ha especulado el peligro que corren los asuntos en contra del exgobernador César Horacio; sin embargo, el fiscal General del Estado Roberto Fierro Duarte, ha asegurado que los asuntos contra el exgobernador no peligran, puesto que se tienen bien claras las rutas del dinero que fue desviado y eso es más contundente que las declaraciones que se obtuvieron supuestamente mediante la tortura y violaciones a los derechos humanos de los testigos protegidos.
Finalmente se añade a los acontecimientos, el amparo que la defensa de Francisco G.A. interpuso ante una autoridad federal, para que lo liberen de la prisión preventiva pues alegan, que la jueza que emitió el auto no posee facultades para ello y se está en espera de su liberación. El exfuncionario fue detenido por el supuesto delito de tortura en contra de exfuncionarios duartistas que fungieron como testigos protegidos, buscando criterios de oportunidad, para aportar información que pudiera develar la red de corrupción del gobierno duartista.
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