En un esfuerzo por combatir la corrupción y mejorar la transparencia en el manejo de recursos públicos, Transparencia Mexicana y la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua llevaron a cabo una reunión de trabajo para analizar las sanciones por corrupción derivadas de las auditorías realizadas por los órganos de fiscalización superior que son aproximadamente 100 en el estado de Chihuahua.
La reunión se centró en el análisis de las resoluciones emitidas por los tribunales de justicia administrativa en todo el país, como resultado de los informes de presunta responsabilidad administrativa emitidos por las entidades de fiscalización superior.
La colaboración entre Transparencia Mexicana y ASE tiene como objetivo comprender y mejorar las sanciones por corrupción, específicamente las que se refieren a responsabilidades administrativas graves.
Desde las reformas anticorrupción de 2015 y 2016, que fueron impulsadas por Transparencia Mexicana, los órganos de fiscalización superior en todo el país adquirieron nuevas facultades para detectar e investigar faltas administrativas graves. Durante la sesión de trabajo, se discutió el desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua con base en estas nuevas facultades.
En el caso de Chihuahua, actualmente existen cerca de 100 investigaciones abiertas por la auditoría superior del estado. A nivel nacional, incluidas las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el número supera las 1,900 investigaciones.
El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, solicitó a Transparencia Mexicana realizar un análisis comparativo para conocer la posición de Chihuahua respecto a otras entidades federativas del país, además del número de sanciones dictadas en cada entidad y a nivel federal. Esta solicitud se basa en el deseo de mejorar el desempeño de la auditoría y reducir la impunidad en casos de corrupción.
Los resultados de este análisis permitirán medir la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción en cuanto a las responsabilidades administrativas graves identificadas por los órganos de fiscalización superior. Transparencia Mexicana acordó realizar este estudio en coordinación con ASE, con el compromiso de hacer públicos los resultados en junio de 2024, una vez que haya concluido el proceso electoral.
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Esta colaboración entre ASE y Transparencia Mexicana representa un paso significativo hacia la mejora de la transparencia y la lucha contra la corrupción en México. La participación activa de estas instituciones refuerza la necesidad de una vigilancia continua y efectiva para asegurar que las sanciones por corrupción se apliquen de manera justa y eficiente.
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