Tal y como le fue notificado desde hace un par de semanas, hoy martes 23 de julio en punto de las 11:00 de la mañana, el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado deberá de presentarse en la Secretaría de la Función Pública (SFP), con tal de que presente pruebas en su defensa por el proceso que le fue abierto, el cual podría derivar en una sanción administrativa en su contra
Roberto Fierro Duarte, titular de la dependencia explicó que el exmandatario estatal deberá de presentarse en las oficinas de la dependencia arriba citada, para que aclare los señalamientos que se le hicieron por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
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En este sentido, refirió que será en la audiencia de hoy cuando el equipo legal del exgobernador y el propio Javier Corral, tengan que desahogar todas las pruebas necesarias en torno a este caso.
En caso de que el exmandatario o su equipo no atiendan a dicho citatorio, la Secretaría de la Función Pública deberá dar vista al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), explicó Roberto Fierro Duarte.
Ante esto, la Secretaría de la Función Pública notificó el pasado 5 de julio a Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, sobre la apertura de un procedimiento en su contra por probable enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, esto, derivado de dos denuncias presentadas ante la propia Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en diferentes fechas del 2022.
De acuerdo a lo presentado por dicha dependencia, la primera denuncia fue presentada en el mes de febrero de 2022 ante la SFP por un diputado local, respecto a la petición de investigación e información sobre la compra de un terreno.
La denuncia penal se presentó en mayo de 2022 ante la FGE, por parte de un Presidente Municipal, por conductas de probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de defraudar.
Las conductas advertidas se relacionan con sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión en su encargo como Gobernador Constitucional del Estado; es decir, no declaró un inmueble respecto del cual se conduce como dueño, lo que se considera una falta administrativa grave.
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