Desplazamiento forzado; contaminación a sus tierras, ríos y arroyos; nula inversión social; falta de reconocimiento legal y la falta de expedición de actas de defunción son algunas de las problemáticas que viven los habitantes de comunidades indígenas de los municipios de Bocoyna, Carichí, Urique, Uruachi y Guazapares. Ninguna se ha atendido.
A pesar de que existen sentencias ya emitidas y una decena de amparos, los residentes de las comunidades de Bosques San Elías Repechique, Huitosachi, Tewerichi, Mala Noche y el colectivo en Condición de Desplazamiento Forzado Interno continúan sufriendo por la violación y negación de los derechos indigenas, por lograr el acceso a la justicia, así como el respecto a la autonomía y libre determinación.
La Consultoría Técnica Comunitaria, organización que les brinda acompañamiento, considera que para resolver la problemática que afecta a la comunidad ralámuli se debe trazar y ejecutar un plan que atienda la Sierra Tarahumara, pero que considere presupuesto y se respete el plan normativo vigente.
Ante la inacción de las autoridades en algunos casos y en otros debido a la criminalización que la Fiscalía General del Estado ha emprendido, se han interpuesto varios amparos, ayer se entrevistaron con los jueces para conocer el estatus de cada caso.
CRIMINALIZACIÓN DE INDÍGENAS
Teresa González y Luis Javier Pérez Enríquez, segundo gobernador de la comunidad de Bosques San Elías Repechique, señalaron que ellos pidieron protección de la justicia federal debido a que la Fiscalía General del Estado ha criminalizado a algunos miembros de la comunidad, cuando ellos se han dedicado a defender el bosque que les pertenece de manera ancestral, pues ya existe una resolución que así lo avala, por lo que exigen el respeto a su posesión.
Teresa ha sido acusada de robo y despojo debido a que se construyó un taller de costura para darle empleo a las mujeres indígenas.
“Exigimos respeto y vivir en paz”, señalaron, ya que desean que dejen de molestarlos y se dé el reconocimiento legal del territorio.
NO HAY QUIEN DÉ FE DE LAS DEFUNCIONES
La falta de acceso a los servicios que otorga el Registro Civil en caso de defunción hace que los indígenas de algunas comunidades sufran al quedar a la deriva. Tal es el caso de la comunidad de Tewerichi, donde al menos 80 de los ejidatarios han fallecido y sus familias se quedan fuera de los programas de apoyo al no poder acreditar la defunción del titular, además de que quedan en desamparo al no poder acreditar la tenencia de la tierra.
La comunidad de Tewerichi, en el municipio de Carichí, se ubica a 12 horas caminando de la cabecera, es imposible que los deudos carguen a sus muertos para que el Registro Civil dé fe de su defunción.
Arturo Merino González, ejidatario, señaló que al no acceder a un certificado médico para acreditar la defunción no se realiza el registro correspondiente, por lo que en varias ocasiones han acudido a diferentes oficinas, incluso en 2020 la comunidad se reunió con la entonces directora del Registro Civil, quien se comprometió a convocar a reunión interinstitucional para buscar la forma de darles una solución, pero a la fecha no hay respuesta.
En diciembre de 2020 se promovió un amparo encaminado a que se modifique el Código Civil del estado y se reconozca la fe pública de los gobernadores, ejercida como parte de su autonomía y libre determinación.
NO A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA
La implementación del proyecto turístico Barrancas del Cobre afecta a la comunidad de Huitosachi, en el municipio de Urique, con él se pretende verter aguas residuales al río del que se abastece la población indígena.
Isabel Monarca Cruz resaltó que han pedido el apoyo federal, estatal y municipal, pero todos han tenido oídos sordos, incumpliendo con una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la comunidad.
Ante la construcción de nuevos hoteles en la zona desde 2018 se inició con un proyecto para la instalación de un sistema de drenaje, pero el desagüe de aguas residuales pretende ser vertido en el río que atraviesa la comunidad, ello con el aval de la JCAS.
Ante la clara violación a sus derechos territoriales, autonomía y libre determinación, la comunidad demandó al municipio y a la JACAS para que se respete su decisión, ya que seria un daño potencial a la salud de los indígenas.
Actualmente 11 comunidades rarámuris se encuentran en proceso de elaboración de un plan de desarrollo regional, pensado en sus necesidades y derechos reconocidos.
Las poblaciones reclaman el cumplimiento cabal de la sentencia de la SCJN.