Hasta el Tribunal Estatal Electoral (TEE) se han recibido un total de 104 demandas o medios de impugnación en contra de diferentes elecciones en el Estado relativas a los cargos locales; es decir, presidencias municipales, incluidas las planillas de regidores; sindicaturas y diputaciones.
Cabe mencionar que, al corte emitido este lunes 17 de junio, se tenían impugnados once de los veintidós distritos locales, por lo que los magistrados habrán de revisar cada una de las demandas, las pruebas e investigaciones iniciadas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) previo a emitir una sentencia.
Los distritos locales que están impugnados y en los que se podrían solicitar el reconteo de votos o anular las elecciones son: el 01, perteneciente a la región de Nuevo Casas Grandes; los Distritos 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 y 10, cuya cabecera se encuentra en Ciudad Juárez; el 12 y 17 correspondientes a la ciudad de Chihuahua; y el 19 que abarca la región de Delicias.
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Los motivos por los cuales los diferentes partidos políticos presentaron estas demandas son diversos, pues en algunos se debe a anomalías detectadas, mientras que en otros corresponde a la poca diferencia que hay entre el candidato ganador y el que quedó en segundo lugar.
Todas estas cuestiones impiden que el IEE pueda desarrollar el conteo final de los votos y así hacer el ejercicio de reparto de las diputaciones plurinominales con las cuales se podrá determinar la manera en la que quedará conformada la Sexagésima Octava Legislatura.
Al momento, pese a que se tiene notificación sobre cada uno de los asuntos que se que tienen por resolver, no han llegado todos los casos a la instancia del Tribunal, pues quien debe iniciar con el proceso de investigación de cada una de las demandas es el IEE.
Posteriormente, cuando ya tienen recabadas las pruebas e iniciada la investigación, el caso pasa a manos del Tribunal quien se encarga de validar cada una de las pruebas que se le entregan para así poder emitir una sentencia al respecto. En caso de que se comprueben anomalías, se podría obligar a un reconteo de votos o a una elección extraordinaria con el objetivo de garantizar a la ciudadanía la validez de la democracia.