La Auditoría Superior del Estado impugnará la resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contra el ex titular del Instituto Chihuahuense del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa, dado que en los casos de corrupción suelen emitir sentencias leves cuando existen elementos para determinar una inhabilitación hasta por 20 años.
El licenciado Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado explicó que a través de la Unidad de Investigación de la ASE se realizará la impugnación, pues considera que la falta es grave y la sanción leve. “La sanción no está acorde a la falta que acreditamos y que el propio Tribunal reconoce que acredito la ASE”.
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Juan Pedro Santa Rosa González fungía como director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, creó una empresa de prestación de servicio de nombre “LBE Chihuahua”, a la cual se le adjudicó un contrato por una cantidad de un millón 360 mil pesos.
La Auditoría Superior del Estado detectó la irregularidad y procedió en consecuencia, tras un periodo de casi cuatro años para llegar a una audiencia donde se acreditó la responsabilidad, el TEJA emitió una sentencia donde inhabilita para ocupar cargos públicos por un periodo de 3 meses a Juan Pedro Santa Rosa González.
De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas existen elementos para una inhabilitación que pudiera ir de los 10 años y hasta 20 años, pero en este caso, se optó por aplicar la sanción mínima que es de 3 meses, ello a pesar de que se evidenció que el ex funcionario obtuvo beneficio al autorizar el contrato a una empresas donde Juan Pedro Santa Rosa tenía relaciones de negocio, lo que se traduce en un conflicto de interés.
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En este caso son más de 200 veces las UMAS que establece la Ley General de Responsabilidades para aplicar una sanción por el orden de 10 a 20 años.
El auditor señaló que la ASE aún no ha sido notificada del veredicto, conocen el sentido del voto por la sesión pública que se celebró el pasado jueves, por lo que esperan a conocer y leer bien la resolución para impugnar.
Destacó que el trabajo de investigación y documentación para acreditar la responsabilidad administrativa fue de más de dos años y la sanción es irrisoria.
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