La Fiscalía General del Estado de Chihuahua cuenta con un plazo de tres meses para cumplir con la investigación por el delito de tortura en contra de tres personas y dejar de dilatar la procuración de justicia, ya que desde hace 10 años luchan contra el sistema, pero también iniciar el proceso contra los seis agentes que han sido omisos y negligentes.
Lo anterior se desprende de la recomendación 61/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual se emite tras el incumplimiento de la recomendación 47/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dado que se detectó la dilación en la procuración de justicia al ser omisa en investigar el delito de tortura en perjuicio de las tres víctimas, quienes se encuentran recluidas en el Cereso Estatal número 1.
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Han transcurrido 10 años desde que fueron torturados y seis desde la emisión de la primera recomendación, a la fecha la FGE no ha cumplido con la recomendación donde se solicita abrir un proceso en contra de los servidores públicos que tuvieron bajo su cargo la tramitación de la carpeta de investigación relacionada; determinar responsabilidades; imponer en su caso sanciones y tramitar la reparación del daño correspondiente en favor de las víctimas; e integrar inmediatamente una carpeta de investigación por el probable delito de tortura.
La recomendación 47 asienta que la carpeta de investigación no está integrada de manera adecuada y ello deja en la desprotección a las víctimas, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado se apliquen los estudios del Protocolo de Estambul para acreditar el delito de tortura.
A lo largo de estos años, los quejosos han estado aportando pruebas y solicitando que se indague si las autoridades o servidores públicos violaron o no los derechos humanos, al haber incurrido en actos ilegales o injustos, ya que durante los primeros dos años no se registró actividad investigadora por parte del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro.
La CNDH acreditó inadecuada procuración de justicia en la investigación del probable delito de tortura, en perjuicio de tres personas que presentaron recurso de inconformidad ante este Organismo Nacional en abril de 2018.
El 27 de octubre de 2017 la CEDH emitió dos puntos recomendatorios dirigidos a la Fiscalía del Estado, en los que le solicitó abrir un proceso en contra de los servidores públicos que tuvieron bajo su cargo la tramitación de la carpeta de investigación relacionada; determinar responsabilidades; imponer en su caso sanciones y tramitar la reparación del daño correspondiente en favor de las víctimas; e integrar inmediatamente una carpeta de investigación por el probable delito de tortura.
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El 7 de diciembre se hizo pública la aceptación de la Recomendación 47/2017 por parte de la FGE y para el 23 de abril de 2018, la Comisión Estatal dictó un acuerdo para declararla como aceptada, sin pruebas de cumplimiento, razón por la cual tres días después, las víctimas presentaron ante este organismo nacional un recurso de impugnación debido al deficiente e insatisfactorio cumplimiento de la recomendación emitida por la CEDH.
La Comisión Nacional precisa que hasta la fecha, no se cuenta con evidencia alguna de que la Fiscalía Estatal haya realizado acciones suficientes para integrar exhaustivamente la carpeta de investigación radicada por el delito de tortura cometido en perjuicio de las tres personas y se cuenta con evidencia suficiente para acreditar violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica y acceso a la justicia por parte de la FGE de Chihuahua, en agravio de las tres personas reconocidas como víctimas.
De la misma manera se acreditó la omisión en la supervisión y coordinación de la investigación.
Se corroboró que a casi ocho años de iniciada la carpeta de investigación, ésta aún no ha sido resuelta, y que en caso de haber contado con elementos suficientes se pudo haber solicitado la inscripción de las tres víctimas en el Registro Nacional de Víctimas del Delito, conforme lo establece la ley correspondiente.
Además, se advierten responsabilidad y omisiones de al menos seis personas servidoras públicas que forman parte del personal de la FGE, a quienes les correspondía la supervisión de la integración de la carpeta de investigación, así como el seguimiento oportuno para dar cumplimiento, en un plazo razonable, a la recomendación emitida por la CEDH.
Una vez que la FGE acepte la recomendación 61/2023 la CNDH tiene un plazo de tres meses para cumplir.
De la misma manera la FGE deberá colaborar en el trámite de registro de las tres víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua y proceder a la inmediata reparación integral del daño, que deberá incluir la medida de compensación prevista en la ley, además, deberán proporcionarles atención psicológica de forma gratuita y por personal profesional especializado, atendiendo a sus necesidades específicas de edad y género, hasta que alcancen su sanación psiquiátrica y emocional.
Igualmente, se pide colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH presente en contra de las autoridades señaladas como responsables ante la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía Especializada en Control de Análisis y Evaluación de la FGE, con el fin de que se realice la investigación correspondiente y se resuelvan las sanciones aplicables conforme a derecho.
