El indulto para mujeres en situación de vulnerabilidad o que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos podría representar una alternativa efectiva para su reinserción social, indicó Alejandro Carrasco Talavera, encargado de despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Esta propuesta fue planteada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que busca que las mujeres privadas de su libertad puedan acceder a este mecanismo que permite su liberación sin eximirlas de responsabilidad ni de la obligación de reparación del daño.
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"A nivel mundial, el indulto se ha considerado un derecho, pero en Chihuahua está muy limitado", explicó Carrasco Talavera. Señaló que actualmente la realidad es distinta a la de hace 10 años, cuando el incremento de la violencia en el norte del país afectó profundamente a la población y los índices de criminalidad eran extremadamente altos. En ese contexto, el indulto no era una opción viable; sin embargo, hoy se debe repensar esta percepción, ya que el indulto constituye un derecho humano que rara vez se aplica en el estado.
Destacó que el indulto es una decisión discrecional del titular del poder ejecutivo, en este caso, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y permite liberar a una persona condenada de cumplir parte o la totalidad de su pena, aunque la condena sigue vigente y permanece la obligación de reparar el daño causado.
"No es un borrón y cuenta nueva. La cuestión aquí es la humanidad; se busca que la persona pueda salir de prisión, y la reforma está orientada específicamente hacia las mujeres", explicó.
Carrasco Talavera añadió que es necesario abandonar una visión punitivista, que se enfoca en castigar sin promover la reinserción. Subrayó que muchas mujeres permanecen en prisión debido a las condiciones en las que se cometió el delito, sin que se apliquen enfoques de derechos humanos al imponer la pena. Por ello, consideró urgente que se evalúe cada caso y se valore la posibilidad de prescindir de la pena, promoviendo así un enfoque más humanitario y justo.
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Explicó que por razones de humanidad y justicia, cuando una mujer se encuentra en condiciones de vulnerabilidad o que en el proceso penal que le llevó a estar en prisión se violaron sus derechos o el debido proceso, es cuestionable la legitimidad de la sentencia.
El abogado resaltó que la propuesta del CEDEHM es que sea más sencillo acceder a un indulto cuando se trata de mujeres con enfermedades crónico degenerativas, que padezca alguna discapacidad física o mental, también aplicaría para mujeres privadas de la libertad en gravidez, lactancia, con niñas y niños menores de edad, mujeres que tengan personas que dependan de ellas como su madre o parientes, cuando son madres cuidadoras y tienen a sus hijos en el centro penitenciario.
Además de adultas mayores de 65 años, mujeres de comunidades indígenas, que sean extranjeras, que no tengan recursos económicos o que hayan sido víctimas de violaciones muy graves a sus derechos humanos en el proceso penal.
“Lo que se esta buscando es que no en automático y a priori se le apliquen las penas a las mujeres, sino que tengan la posibilidad de un indulto, las mujeres necesitan tener la posibilidad que los jueces y las juezas analicen si procede el indulto”. Reiteró que "la Comisión Estatal de Derechos Humanos no está de acuerdo en una política punitiva, sino que es preferible darles otras oportunidades a las mujeres”.