En sesión extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró imposibilitado para sancionar por dos casos polémicos en el país, como es el caso de Odebrecht y la llamada Operación Safiro, que se emprendió desde el estado de Chihuahua.
El Consejo General del INE afirmó que en el caso de la Operación Safiro, si bien, se presentan infracciones de distinto tipo, no se pudo acreditar que los recursos hayan ingresado al partido político denunciado, por lo cual no se aplicará multa en contra del PRI, quien era acusado de haber recibido el recurso.
Esta operación data del año 2016, donde se tomaron más de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en favor de las campañas electorales del PRI en 2016 (operación Safiro), los cuales salieron del Estado de Chihuahua y en su momento intentó judicializar el estado pero no sé logró concretar por el tema de competencias.
“El INE ha actuado de manera oportuna y eficaz en todos aquellos casos donde depende del Instituto llevar a cabo la investigación”, señaló la Consejera Adriana Favela.
Sin embargo, explicó que la institución fiscalizadora enfrenta problemas cuando se plantean asuntos donde la investigación corresponde a una instancia ministerial y depende de lo que ésta haga, de los elementos que recabe y de cómo avanza en el procedimiento para tener cierta información, a fin de que la autoridad electoral pueda integrar el expediente para llegar a una determinación.
Durante la discusión de los asuntos, el Consejero Martín Faz indicó que, si bien el INE ha avanzado en la superación de diversos obstáculos a su labor, como el secreto fiscal, bancario, fiduciario e incluso el ministerial, “algunos sujetos fiscalizados han diseñado estrategias cada vez más sofisticadas que dificultan, de alguna manera, ser detectados y evidenciados por la lupa fiscalizadora”.
Los partidos políticos, sostuvo, deben ser tratados con rigor en cuanto a su manejo financiero. “No sólo por lo que hace al principio de prevalencia, sino también por lo que respecta a la recepción de aportaciones de fuentes prohibidas por la ley ya que, en conjunto, son la base en la que se resguarda la equidad en la contienda al prevenir que a través del dinero se pueda indebidamente influir en la política”.
De igual forma, el Consejero Uuc-kib Espadas consideró que hay un exceso en el ejercicio de las atribuciones del INE. “No le toca a este Instituto suplir lo que las autoridades, fiscalías, las procuradurías y, en su caso, el Poder Judicial no hicieron”.
“Tenemos que seguir presionando para que las autoridades nos den la información correspondiente y las instituciones bancarias, pero este Instituto no puede suplir todas las faltas ni del Poder Legislativo ni del Poder Judicial”, insistió.
Por ese motivo, el INE se declaró imposibilitado en sancionar a los presuntos beneficiarios por posibles desvíos, al no tener la información adecuada para conocer más a detalle que fue lo que ocurrió.
.jpg "César D, exgobernador de Chihuahua (1).jpg")
