Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado se presentó esta tarde el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, con el objetivo de detallar el informe entregado el pasado 15 de diciembre en relación a la Cuenta Pública 2021.
Una de las principales irregularidades detectadas corresponde a una deuda que se tenía por parte del Ichisal debido a que la Secretaría de Hacienda tenía pendiente entregar 401.3 millones de pesos, motivo por el cual hizo un contrato con un banco, lo que implicó pagar 24.1 millones de pesos de puros intereses.
Destacó que dicha contratación debió ser autorizada por el Congreso del Estado, pues fue firmado tres meses antes de la conclusión de la administración de Javier Corral; además, se omitió la investigación de mercado; es decir, se tenían que presentar diversas cotizaciones y elegir la mejor opción.
Por su parte, la anterior Secretaría de Hacienda creó un fideicomiso para el refinanciamiento de la deuda estatal; sin embargo, no se comprueba el gasto de los 98.6 millones de pesos destinados a ello, pues los trámites no se realizaron conforme a lo establecido en la ley de adquisiciones, así como tampoco es concreto que hayan sido realizadas por el despacho contratado.
El auditor explicó que en ese caso, no es posible hacer observaciones puesto que corresponde a otra administración, pero sí se puede dar informe a las actuales autoridades, al tiempo que se tiene la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Otro de los temas que enfatizó el auditor, fueron las obras inconclusas, pues de las 40 que se tenían planeadas, al menos 19 presentan retrasos al contar únicamente con el 48 por ciento de avance, prestando además, el Hospital de Gineco Obstetricia de Parral, documentos falsos.
Derivado de las auditorías, se establecieron diversas acciones que establece la ley, emitiendo de esa manera mil 608 recomendaciones como promociones de acción sancionatoria, denuncias de hechos, entre otros.
Respecto a las claves de riesgo que fueron detectadas, se observaron la ineficiencia en el procedimiento del cobro del impuesto del Predial en todos los municipios, la falta de cumplimiento para adquisición pública y la falta de comprobación del gasto efectuado.