Inhabilitan a dos exservidores municipales de Delicias y Rosales

Ambos casos fueron documentados por la Auditoría Superior del Estado durante la revisión de la cuenta pública 2019 y denunciados por medio de informes de presunta responsabilidad ante el TEJA

Joslin Escobar | El Heraldo de Chihuahua

  · viernes 25 de noviembre de 2022

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa / Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitó a 2 exservidores públicos municipales, a quienes se les fincó responsabilidad administrativa por conductas graves dentro de sus funciones.

En sesión, el pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determinó que la Auditoría Superior del Estado acreditó las faltas atribuibles a los exservidores públicos y que derivaron de la revisión a dos cuentas públicas, en este caso, de los municipios de Rosales y Delicias.

La resolución fue inhabilitar para ejercer cargos públicos al expresidente municipal de Rosales y al exdirector de Seguridad Publica del Municipio de Delicias, esto al ser encontrados responsables de conductas que la ley califica como graves y como consecuencia de 2 informes de presunta responsabilidad administrativa presentadas por representantes de la Auditoría Superior del Estado ante el TEJA.

En el primer caso, la inhabilitación al expresidente Municipal de Rosales es por actuar bajo conflicto de interés, al haber firmado, en representación del Municipio, dos contratos para el suministro de combustible con una empresa que tiene como accionista a un familiar consanguíneo del exalcalde. Los contratos se otorgaron en 2019 para la compra de gasolina por un monto máximo de casi 5 millones de pesos.

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En el segundo caso, el extitular de la dirección de seguridad pública del Municipio de Delicias le fue acreditada la falta grave de abuso de funciones porque intervino en una licitación pública que tenía como fin adquirir un lote de semáforos para la ciudad de Delicias y en la que el servidor público sancionado descalificó arbitrariamente la propuesta del licitante que ofrecía el mejor precio en un contrato que superó los 8.5 millones de pesos.

Ambos casos fueron documentados por la Auditoría Superior del Estado durante la revisión de la cuenta pública 2019 y denunciados por medio de informes de presunta responsabilidad ante el TEJA en expedientes independientes. Ambas conductas están previstas como faltas graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Aunque la ASE aún no ha sido notificada de la resolución, pudo conocerse en la sesión pública celebrada ayer por los magistrados que integran el Pleno del Tribunal en materia administrativa.