El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) ha sancionado a dos exfuncionarios del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI) con una inhabilitación de un año por una adjudicación irregular y sobre costo en la adquisición de lentes según detectó la Auditoría Superior del Estado.
La ASE identificó que un total de 3 millones 193 mil 479 pesos del fideicomiso fueron utilizados indebidamente para la compra de servicios de exámenes de agudeza visual y lentes destinados a los beneficiarios del fondo, principalmente hijos de policías caídos.
Este programa tenía como objetivo proporcionar apoyo visual a estos menores, pero las irregularidades detectadas en los costos y la adjudicación de contratos levantaron sospechas y llevaron a denuncias ante el TEJA y la Fiscalía Anticorrupción.
Los exfuncionarios sancionados, identificados por sus iniciales H.E.C.P. y B.R.P., abusaron de sus funciones al elaborar dictámenes de excepción que evitaron la licitación pública obligatoria por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Esta ley exige que las compras de esa magnitud se realicen mediante licitación pública para asegurar las mejores condiciones del mercado.
Para eludir la licitación, la operación se dividió en tres contratos adjudicados directamente a Ricardo Humberto Márquez Jasso, GRUPO RULAND, S.A. DE C.V., y BARI NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V., por 1 millón 073 mil pesos, 1 millón 057 mil 919 pesos, y 1 millón 062 mil 560 pesos, respectivamente. A pesar de estar registrados en el padrón del Gobierno del Estado, estos proveedores no tenían especialización en optometría, resultando en un sobreprecio significativo. La ASE calculó que el costo de los lentes ascendió a 6 mil pesos por unidad, un precio considerado excesivo.
H.E.C.P., jefe del Departamento de Servicios y Adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado, y B.R.P., asesor técnico de la Dirección de Administración y Enajenamiento de Bienes y Fideicomisos, también miembros del Comité Calificador de Propuestas del FANVI, fueron encontrados responsables de fraccionar la operación y adjudicar los contratos ilegalmente.
La Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, presidida por el magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, dictó la inhabilitación que prohíbe a los implicados desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de un año.
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Aunque la resolución del TEJA ha impuesto sanciones administrativas, la investigación continúa en el ámbito penal a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que podría determinar la comisión de delitos. Esta investigación sigue abierta, y se espera que arroje más luz sobre la profundidad de las irregularidades y posibles responsabilidades penales.