El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, Néstor Armendáriz Loya, expresó que es preocupante el mensaje a la población de que integrantes del crimen organizado obliguen a los líderes sociales de la zona a solicitar medidas cautelares a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Mexicano. Estas medidas fueron solicitadas por la comunidad jesuita en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua.
Detalló que el mensaje más fuerte, desde que la delincuencia organizada perpetró este tipo de actos, es que no atentaron en contra y privaron de la vida a personas que les hubiera causado alguna afectación en el desempeño de sus actividades ilícitas.
“Sabemos cuál es la formación y cuál es la intervención que se tiene, -y siempre es positiva y propositiva, de apoyo espiritual y en los hechos-, para los habitantes de las comunidades. Ahí sería lo preocupante, el mensaje de que personas con unos poderes de facto, puedan afectar a otras personas que ni siquiera les están afectando en sus labores. Sí es más preocupante, que se atente contra personas que no tienen algún interés político, o que desempeñan alguna actividad que pudiera afectar a otras áreas lícitas o ilícitas que se dan en el entorno social. Me sumo a que sí se debe poner más atención en el tema por el grave impacto social que tiene”, afirmó Loya.
Aclaró que no se refiere a que en ese supuesto sí se justificaría, como en el caso de personas particulares que lamentablemente perdieron la vida en hechos relacionados con este último evento; sino que toma mayor relevancia por la labor de liderazgo social que desempeñan a favor de los habitantes de la Sierra Tarahumara.
“Así como el liderazgo en la sociedad es incuestionable, también el impacto negativo en la percepción de la población, es muy dañino. Algo se debe hacer, para seguir abonando a la seguridad, para esclarecer los hechos, sancionar a las personas responsables, y también para brindar esta seguridad, para que se eviten hechos de similar naturaleza en lo sucesivo”, acotó.
El pasado 31 de enero, la CIDH publicó que le otorga medidas cautelares a once integrantes de la comunidad jesuita en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo irreparable a sus derechos, por haber sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les priva del normal desarrollo de su labor pastoral y de apoyo a las personas que viven en las comunidades de la zona, principalmente de grupos originarios.
Luego de un análisis del contexto de violencia e inseguridad, la CIDH consideró que los once sacerdotes jesuitas están en una situación que calificó de gravedad y urgencia, por las amenazas y hostigamientos, por lo que solicitó al Estado de México que adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios, entre tales medidas se encuentran garantizar su seguridad, prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra.
También que “adopte medidas de protección que permitan a los propuestos beneficiarios continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición”.
Néstor Armendáriz, añadió que estas medidas cautelares que habían sido solicitadas al Estado Mexicano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para efecto de que se salvaguardara la integridad de las personas que se desempeñan ahí, de la Compañía de Jesús, o comunidad jesuita, en varias partes de la región Tarahumara, muy cercanas a Cerocahui, que es donde ocurrieron los lamentables hechos de junio de 2022.
“Sabemos que el contexto de inseguridad es fuerte, que lamentablemente no ha sido detenida la persona a quien se le atribuye la participación directa en estos hechos, y creo que las medidas preventivas que se tomen, nunca estarán por demás y sí sería conveniente para evitar otra situación, que viniera a enturbiar, todavía más el ambiente, y sobre todo, que pusiera en riesgo la integridad de la vida de algunas de las personas con la trascendente función que realizan, el liderazgo social que llevan, sobre todo, más en estas regiones de la Sierra”, expresó.
En ese sentido, añadió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está en la mejor disposición si en algún momento pudiera abonar en algo respecto a este tema; sin embargo, como se acudió directamente al Sistema Interamericano de Protección, a Derechos Humanos, y ya viene la solicitud al Estado Mexicano como tal.
“Hay que precisar que tanto la comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se dirigen a alguna entidad federativa o algún municipio, alguna dependencia. Sino que van directamente al Estado Mexicano. Sería importante que se conjugaran esfuerzos del ámbito federal, estatal y también los municipales, para que se brindara un entorno de mayor seguridad, incluso no solo a las personas que son sacerdotes jesuitas, sino que fuera un impacto positivo a todas las personas de la comunidad. Que se regresara la tranquilidad, y abonar en el esclarecimiento de los hechos y dar seguridad y certeza a las personas que habitan esta región”, concluyó.
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