Tras la llegada de dos agentes del Ministerio Público Federal enviados por la FGR para investigar el presunto robo de Pensiones del Bienestar para el Adulto Mayor, se han realizado una serie de entrevistas tanto a posibles afectados como a trabajadores y ex trabajadores de la Delegación del Bienestar en Chihuahua.
Fuentes cercanas al caso, expusieron que, en una primera acción realizada por los policías investigadores federales, se entrevistaron con los ciudadanos, Susana Carolina P.E; Benito Juárez H; José Enrique H; José Luis J; Mariano T.H; Luz María N.M, todos radicados de diferentes comunidades de la zona centro del estado.
Bajo el expediente 152/2023, se constató el robo o extravío de 3mil 840 documentos o formatos de recibo de pago, lo que, en su momento, el denunciante Hugo Ruiz expuso en una audiencia ante un juez federal, y que posteriormente el abogado representante del Bienestar, aceptó, por lo que el juez ordenó que se iniciara también la investigación del paradero de esa documentación.
Asimismo, la orden del juez obliga a los servidores públicos involucrados, que expliquen cómo es una cantidad tan importante de documentos, pudieron salir de las oficinas de la dependencia federal, sin que hayan sido detectados y se ordenó continuar con toda la investigación relacionada al caso.
En la denuncia interpuesta por el ciudadano Hugo Ruiz Esparza, quien en su momento fue trabajador de la Delegación del Bienestar en Chihuahua, se expone una presunta red de corrupción dirigida por el entonces delegado estatal Juan Carlos Loera y el delegado regional Marcelino Gómez.
Según el ex trabajador, los denunciados instruyeron a varios subalternos para que dejaran de emitir pagos a adultos mayores, posteriormente ofrecerles la ayuda para solucionar sus problemas, y tras varios bimestres sin recibir su apoyo económico, se les entregaba una cantidad incompleta, pero al tratarse de varios bimestres pendientes, los montos eran de entre 4 o 6 mil pesos (en la mayoría de los casos), por lo que los beneficiarios firmaban de recibido y de esa manera, el resto de las becas, se depositaban en cuentas que luego utilizaban para beneficio personal o para financiar campañas al interior del partido Morena.
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Luego de la celebración de varias etapas procesal y el desahogo de cargas probatorias en documentos y algunos testimonios presentados por la parte acusatoria y la defensa, un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República, que realizara una investigación exhaustiva.
Por ese motivo, arribaron dos agentes del MP de la FGR a la ciudad de Chihuahua, en donde han llevado acabo trabajo de campo y entrevistas con varias personas, con el fin de esclarecer lo ocurrido, realzando por lo menos 20 entrevistas a afectados y 15 a funcionarios y ex funcionarios del Bienestar en Chihuahua.
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