El presidente de la Comisión de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ignacio Manjarrez Ayub, aseguró que en el marco del análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se podría eliminar la prisión preventiva en México, podría ser de gran impacto positivo para despresurizar el sistema penitenciario del país como del estado de Chihuahua.
Compartió que de acuerdo a la Constitución y las leyes, nadie debe estar más de dos años en prisión preventiva, y reconoció que existen miles de personas que se mantienen en la incertidumbre de saber en qué se encuentra su situación jurídica dentro de una carpeta de investigación.
Considera que se le debe regresar el poder a los jueces de Control, para que en base a los elementos de prueba y toda la evidencia que existe en contra de un imputado pueda definir si se envía o no a prisión y que no pasen todos a prisión por ser delitos de alto impacto como actualmente se realiza.
“La prisión preventiva oficiosa, habrá algunos casos que sí pudiera categorizarse que sí se merezca, ¿para qué están los jueces de Control?, ellos son los que deben determinar de acuerdo a las evidencias que lleve el ministerio público, para decir que puede o no irse, para garantizar que no se vaya a escapar, pero en base a los elementos que existan”, comentó Ignacio Manjarrez.
Agregó que en gran parte de la República Mexicana los sistemas penitenciarios se encuentran saturados con un número importante de personas que no han recibido una sentencia y que existe una posibilidad de que sean inocentes y que se encuentran privados de la libertad a espera de que se resuelva su situación jurídica.
Uno de los frentes que considera se deberían atender además de retirar la prisión preventiva es mejorar la calidad de los trabajos, prestaciones e incrementar el número de ministerios públicos, ya que tienen una gran carga laboral y criticó que las fiscalías de los estados no han puesto la atención debida a fortalecer a los ministerios públicos, con más personal, mejor pagados, mejor capacitados, con sistemas que les permitan ser más eficientes con el desarrollo de su trabajo.
“Es algo que se tiene que analizar y resolver, porque precisamente, los agentes están en prisión preventiva para que no se vayan a escapar, pero se genera saturación en los penales de gente inocente, que el ministerio no ha comprobado o no los ha llevado a un juicio donde sean sentenciados, si es culpable o inocente”, compartió.
Dijo que por otro lado, recalcó que el sistema penal acusatorio es un sistema garantista, donde se tiene que ver que la mayoría de las personas son gente de bien, pero que no significa que no existe una prisión preventiva oficiosa, significa que los juicios sean orales, con evidencia científica, pruebas necesarias, no sólo que la persona diga que es culpable.
Recordó que en 2019 se aumentaron los delitos de prisión preventiva oficiosa, que no lo puede determinar un juez de Control si se mantienen o no en prisión, ya que de oficio pasan a la prisión, por lo cual consideró que los jueces de Control, asuman la responsabilidad de acuerdo al sistema de justicia y despresurizar las prisiones, “el que entra a una prisión, sale más profesional en el crimen sin deberla ni temerla, es algo que tenemos considerar, insistir que la justicia sea rápida y expedita”.
