La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, precisó que “la justicia no debe esperar”, esto al ser cuestionada sobre el tiempo en el que se podría resolver la impugnación presentada por la denuncia de violencia política contra la mujer en razón de género de la que fue víctima.
Detalló que, pese a que ya se tuvo la audiencia de oídas con los tres magistrados que conforman la Sala Guadalajara del Poder Judicial de la Federación, instancia ante la que se encuentra actualmente el caso, desconoce si la resolución podría prolongarse hasta después de las elecciones a celebrarse el próximo 2 de junio.
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“Quiero pensar, no lo estoy afirmando, pero quiero pensar que por ser época electoral esto se pueda prolongar más…esperemos que no porque la justicia no debe esperar”, recalcó precisando que pueden esperar los actos proselitistas y otras cuestiones, pero no la aplicación de justicia.
Respecto al mismo tema, aseguró que la violencia política contra la mujer en razón de género no se ha erradicado y muestra de ello es su caso siendo ella misma testigo y víctima directa de ello, por lo que reiteró el largo camino que queda por recorrer.
Y es que recordó que, a su parecer, la justicia que ejerció el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en su caso fue a medias toda vez que únicamente sancionó al coordinador de la bancada guinda dentro del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, cuando subrayó que todos sus demás compañeros ejercieron igualmente esta violencia en su contra.
Es preciso recordar que no solo Terrazas Porras impugnó este caso, pues mientras ella acudió a la Sala Guadalajara para exigir que se sancione a los demás diputados de Morena, Estrada Sotelo hizo lo propio aseverando que ni él ni sus compañeros ejercieron algún delito en contra de la titular de este poder.
Es así como la Sala Guadalajara habrá de emitir una resolución; empero, se desconoce la fecha en la que lo haga, aunque, toda vez que alguna de las partes quedará nuevamente inconforme, este asunto llegaría hasta la Sala Superior.
Cabe recordar que, en caso de que todas las demás instancias concuerden en que sí se ejerció violencia política en razón de género, el actual diputado y quien aspira a la reelección, sería sancionado y no podría acceder a algún otro cargo de elección popular dado que se estaría incumpliendo con la ley ocho de ocho.