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La política migratoria en México es inhumana, le apuestan a la inanición y al psicoterror para evitar que las personas sigan su camino hacia la frontera, con el centro de detención que se habilita en el desierto solo abonan a la política carcelaria que pone en más riesgo a las personas en situación de movilidad, señaló el abogado Jorge Pérez Cobos, quien agregó que esta estrategia solo favorece al crimen organizado.
El abogado Jorge Alberto Pérez Cobos, director de Uno de Siete Migrando señaló que la construcción improvisada del centro de detención para migrantes tiene un riesgo muy elevado para que se violen los derechos humanos de las personas y haya pérdidas de vida. A la vez, han detectado que la práctica de parar los trenes se está reproduciendo a nivel nacional.
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“Si la tragedia en el centro de detención en Juárez no fue más grande, fue porque los bomberos llegaron rápido, pero en medio del desierto no hay tiempo de respuesta ante una emergencia”.
Jorge lamentó que la intención del Instituto Nacional de Migración (INM) sea hacer un retén en medio del desierto como parte de una política fallida para detener y atender la migración.
“Han tratado de detener la migración, pero no les alcanza, porque no hay cárcel que alcance y el costo es alto”.
El abogado resaltó que actualmente, ante este psicoterror que han propiciado las autoridades, hay muchas personas en situación de movilidad que pretenden regresar a sus países de origen, pero ya no realizan las deportaciones, ya no reciben a gente que se entregue. “Es un INM totalmente fallido en el que no hay atención y no les alcanza para la detención”.
Mencionó que la estrategia de dejar varados los trenes, que inició en Chihuahua, se está replicando en otros estados de la República Mexicana, y se trata de una acción articulada entre entes gubernamentales y no gubernamentales, como lo es Ferromex, para impedir que las personas sigan migrando.
De la misma manera molesta que las personas en situación de movilidad puedan buscar un refugio seguro y no estar en las calles, por lo que además implementan operativos en hoteles aledaños a la zona donde habitan en la calle.
Los gobiernos locales tampoco hacen nada para atender a las familias y a los niños que están viviendo en la calle porque los agentes del INM, la Guardia Nacional y empleados de Ferromex los bajan del tren, pero no les brindan alternativas.
En las estaciones de autobús tampoco se hace algo para que las personas en situación de movilidad puedan viajar de una manera más segura, Jorge explicó que la Profeco ya informó que no hay ninguna razón para que las líneas de autobús se nieguen a venderles boletos, porque no tienen facultades de solicitar documentos migratorios.
“Toda esta política o estrategia a quien favorece es al crimen organizado, quieren que las personas en situación de movilidad no tengan más opciones que el crimen organizado a través del tráfico de personas”.
A la fecha, hay muchas personas desaparecidas, no se tiene un registro de cuántas personas salen de Chihuahua y cuántas alcanzan a llegar a la frontera.
Jorge mencionó que también han podido constatar que están retrasando las tarjetas por razones humanitarias de manera deliberada, cada vez es más difícil solicitar refugio en México, están llenando de burocracia a las personas migrantes que se encuentran en situación de calle.
“Están hambreando a las personas para que se regresen a sus países, pero tampoco las regresan”.
Jorge mencionó que es una política migratoria inhumana porque les permiten cruzar 300 kilómetros de desierto para detenerlos a 70 kilómetros de llegar a Ciudad Juárez. “Una zona donde nadie los ve, donde las organizaciones no tienen acceso y para migración es más fácil violentar derechos de las personas y las familias”.
Se dispara flujo migratorio
El flujo migratorio en la Casa del Migrante Chihuahua se disparó un 668%, es decir, en dos meses han atendido la misma cantidad de personas que se atendió en un año.
La Casa del Migrante Chihuahua, operada por Uno de Siete Migrando, está en riesgo de cierre, debido a que está por finiquitar el subsidio que reciben del Gobierno Municipal, por lo que se requieren voluntarios y donantes.
“Nos estamos quedando sin financiamiento, muy probablemente tengamos que cerrar las puertas para finales del mes”.
La casa se ubica en la calle Cheyenne número 11402 en la colonia Los Nogales, este albergue se abrió en el mes de marzo, y a la fecha, se atiende entre el 25 y 30 por ciento de la población infantil, cuando en otros años era de un 1 por ciento. La niñez viene en situación grave, desde violencia y lesiones, desde bebés recién nacidos, hasta mujeres embarazadas.
Esta casa es uno de los pocos sustentos que la población migrante tiene, y sería muy triste que este sitio cierre sus puertas, por lo que requieren voluntarios y donación de alimentos o artículos de limpieza.
La casa tiene una capacidad de 140 personas, pero solo reciben a 80 personas debido a que la cantidad que pueden atender con el personal y voluntarios con los que cuentan.
Migración es un derecho: SSPE
“La migración es un derecho humano”, señaló Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), quien coincidió en que la política migratoria que hoy se tiene en el país, ha provocado que los migrantes estén en mayor riesgo.
Dijo que la migración se incrementó en las ciudades a raíz de que los trenes empezaron a parar y dejar varados a los migrantes.
Ahora se observa cómo la gente que logra viajar en auto de plataforma o en tren, se baja antes de llegar al retén o punto de inspección carretero conocido como PECOS, donde cruzan por el desierto caminando.
Señaló que esta situación es un gran riesgo para las personas en contexto de movilidad. A ello se suma que se han convertido en víctimas de secuestro por parte de grupos criminales.
En este sentido, reconoció que la mayor cantidad de intervenciones para rescatar a personas víctimas de la delincuencia se realizan por alertamiento de otras autoridades de otros países.
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