La diputada de Morena, María Antonieta Pérez, quien ha estado dando seguimiento y acompañamiento a las familias de los custodios del Cereso 3 asesinados en enero de 2023, lamentó la postura de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) calificándola incluso como cínica.
“Hacen una declaración pública que es hasta humillante para la familia, es lastimoso para la familia mostrarlas como que están mintiendo al no reconocer ahora, que eran empleados de Gobierno del Estado. Es inaudito el cinismo, la forma tan mezquina, la forma que están respondiendo esta petición de indemnización”.
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De esa manera, la legisladora reprobó la postura emitida por Gilberto Loya Chávez respecto al tema en el que comentó que una de las víctimas no laboraba directamente para el Gobierno del Estado, razón por la que no se ha indemnizado a su familia tras el motín registrado en el Cereso número 3 en Ciudad Juárez el año pasado.
La dependencia de seguridad dijo que el agente de custodia penitenciaria de nombre Guadalupe Gámez Galán, no tenía relación laboral con ellos al momento de ser asesinado por reos armados en el Cereso de Juárez hace más de 17 meses y que sus deudos aún no reciben las indemnizaciones de índole laboral que exigen.
Ante esto, Pérez Reyes recordó que nueve de las diez familias de los custodios asesinados iniciaron una demanda en contra del Gobierno del Estado y de la SSPE, a fin de recibir las indemnizaciones. Esto, a petición de las viudas y con el acompañamiento de la congresista.
Indicó que las demandas han pasado varias etapas y ahora están en la presentación de pruebas, pero le parece inaudito la manera en la que el secretario de Seguridad Pública Estatal respondió en el juicio.
La morenista señaló que lejos de mostrar empatía al confirmar ante el juez que Gámez Galán sí tenía relación laboral con el Gobierno del Chihuahua y no con la SSPE, ahora peleen legalmente en contra de las familias por el cobro de sueldos caídos, pensiones, seguros médicos y un seguro de vida con el que contaban los policías carcelarios.
Pérez Reyes exige saber si la Secretaría de Seguridad Pública Estatal actuará de la misma forma en contra de las ocho familias que mantienen la demanda de pagos no realizados en su favor para poder actuar al respecto, dado que le ha dado seguimiento al tema desde que ocurrieron los hechos.