La ciudadana, Leticia Ramírez, denunció ante esta casa editorial el vía crucis que ha vivido en diversa instituciones públicas a raíz de un atropello del cual fue víctima en el 2016, momento desde el cual ha prevalecido la corrupción al no darle respuesta a las debidas denuncias que presentó.
En la ciudad de Ojinaga, Ramírez fue atropellada hace siete años, lo cual le generó lesiones considerables en ambas rodillas, por lo que requirió cirugía; sin embargo, pese a que se supo quién fue el culpable del accidente y de que este se acercó en el momento a auxiliarla, por ser servidor público, no se le impuso castigo alguno.
De igual manera, no se le obligó al responsable hacerse cargo de las artroscopías que requirió la víctima, por lo que, debido a que la gravedad de las lesiones en sus rodillas, le fue imposible volver al trabajo que tenía en aquel entonces quedando a su vez, sin recurso alguno para poder atender su problema de salud.
Cabe mencionar que la denuncia ante la Fiscalía en Ojinaga la interpuso de inmediato; sin embargo, jamás obtuvo respuesta favorable, por lo que seis meses después del accidente optó por dirigirse a la Comisión Estatal de Derecho Humanos, en donde le cerraron el expediente por haber dejado trascurrir tanto tiempo.
Posteriormente, un abogado le recomendó atenderse en el entonces Seguro Popular, lugar al que acudió y le agendaron a la brevedad para realizarle la primera operación que sería de su rodilla izquierda, pues era la más afectada.
Sin embargo, comentó que la mayoría de los médicos eran jóvenes y batallaron en encontrarle las venas y poderla canalizar, por lo que optaron en hacerlo a través del corazón; empero, terminaron por perforarle el pulmón, “me estaba matando el dolor, no podía respirar”, narró.
Ante esto, la institución se quiso deslindar del caso, pero por error del hospital le dejaron tanto las radiografías tomadas un par de días previos a la operación como las que le sacaron posteriormente para conocer el estado de sus pulmones, por lo que se asegura tener las pruebas suficientes en donde se demuestra que el daño se lo hicieron en el nosocomio.
Tras estos hechos, acudió nuevamente a la CEDH, pero a la fecha le dicen que ambos casos se mantienen en Órgano Interno; asevero que acudió a las instancias nacionales de dicho organismo, pero tampoco le resuelven. Los licenciados Carrasco y Torres son a los que señaló han llevado sus casos, pero “sólo me han traído con mentiras”.
Por todo lo anterior, es que Ramírez busca hacer pública su denuncia con la esperanza de que sus casos se puedan resolver, no sin antes reprochar que “Derechos Humanos es una fachada”, la cual desea cambie y velen por salvaguardar los derechos de las personas.