Cuatro de cada 10 mujeres que están en prisión no cuentan con sentencia, es decir, no saben si son o no responsables del delito que cometieron. Además hay un incremento del 300 por ciento de mujeres indígenas, señaló la abogada Amaranta Viridiana Valgañon Salazar, de EQUIS Justicia para las Mujeres, organización con 12 años de experiencia en el acompañamiento a mujeres que han vivido algún tipo de violación de derechos humanos y acceso a la justicia.
En el marco del foro Mujeres en reclusión: el indulto desde el enfoque de la justicia humanitaria presentó la conferencia Aplicación de la perspectiva de género para el entendimiento del abordaje de casos de criminalización de mujeres privadas de la libertad, donde presentó algunos de los hallazgos en sus intervenciones en los centros de reclusión.
➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua
Los principales hallazgos son que las mujeres que se encuentran en prisión es por violencias estructurales que las empujan a estos escenarios. Las mujeres que viven en prisión provienen de espacios de vulnerabilidad y exclusión.
Destacó que muchas de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad sufren la feminización de la pobreza, que las golpea de doble manera porque se trata de mujeres que conducen sus hogares en escenarios de monoparentalidad.
Aunado a todo ello el sistema de justicia es ciego, dado que una de las principales cuestiones que resaltan es que son mal juzgadas con estereotipos de género y no cuentan con la defensa adecuada.
“Dentro de prisión están las mujeres económicamente más golpeadas y cuando son procesadas no pueden acceder a recursos económicos suficientes para sostener su defensa jurídica”.
La maestra dijo que la realidad que viven las mujeres privadas de la libertad las llevó a impulsar la Ley de Amnistía, a junio de 2024 se recibieron mil 750 solicitudes,de estas 424 sean procedentes y 126 casos se otorgó amnistía.
Destacó que no ha sido un trabajo sencillo dado que han tenido que consensuar con actores estratégicos como lo son los legisladores para cambiar las leyes punitivas para las mujeres y para que se atiendan las necesidades, así como el acceso a mecanismos de liberación anticipada que atienda a sus contextos.
Las mujeres en reclusión afirman que la pobreza y falta de perspectiva de género las llevó a prisión, y cuando salgan van a estar en una condición peor. El 36 por ciento de las mujeres privadas de la libertad dijeron que en el centro penitenciario no les dieron herramientas para la reinserción. Además de que 7 de cada 10 mujeres privadas de la libertad desconocen los programas o ayudas para reincorporarse a la vida social.
La abogada dijo que el indulto que se promueve en Chihuahua puede ser una herramienta legal que ayude a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
