La legisladora federal por el Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, explicó que su iniciativa para la Ley Matilde, la cual fue presentada en días pasados, pretende reformar el Código Penal con el objetivo de que se sancione a los funcionarios que sean, por la omisión de sus actos, cómplices de las desapariciones de mujeres y de los feminicidios.
Cabe mencionar que esta ley fue inspirada por la activista y docente chihuahuense Matilde Gil Herrera, madre de la legisladora del PT, quien desapareció el 5 de abril de 2017 cuando salió a un centro comercial de la ciudad; tras horas de desconocer su paradero, acudieron a las instancias correspondientes para denunciar por secuestro o desaparición; sin embargo, ahí les comentaron que debían esperar un lapso de 72 horas.
Pese a que el 7 de abril la familia recibió una llamada para pedir rescate por Gil, el 8 de abril autoridades de la fiscalía se acercaron con los familiares para decirles que Matilde se había ido por su propio pie, lo más seguro que con un amante; esta revictimización fue propiciada, a decir de Lilia Aguilar, por el mismo Javier Corral, entonces gobernador del estado, y del fiscal general del estado, César Peniche.
Ante la nula acción de las autoridades, familiares y amigos fueron quienes se encargaron de efectuar la búsqueda hasta que el 24 de abril de ese mismo año la localizaron sin vida y con signos visibles de violencia sobre su cuerpo en la comunidad de La Mesa, Aldama.
Pese a ello, Corral mantuvo su postura de que el caso no se trató de una desaparición, sino de una huida por cuestiones amorosas, motivo por el cual no se les dio mucho seguimiento a las investigaciones, por lo que únicamente se logró capturar a dos involucrados, pero se mantiene en libertad Edmundo Sánchez, quien a decir de Raúl Manuel R. O. fue quien disparó a la activista.
En ese sentido, con esta ley se pretende que la justicia llegue al exgobernador Javier Corral; así como al exfiscal general del estado, César Peniche, al ser corresponsables penales debido al deficiente actuar como autoridades estatales en ese momento y al no haber cumplido con la obligación que se les confirió.
De igual manera, se pretende que esta ley alcance a todos los demás gobernantes que se han quedado de brazos cruzados antes las miles de desapariciones y feminicidios que se cometen en el país, como una esperanza de que ningún caso quede impune y se logre la justicia que tanto anhelan las mujeres y especialmente los familiares de las víctimas.