La Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado hizo un llamado tanto al Gobierno Federal, el Estatal como a los 67 Ayuntamientos, a que promuevan la contratación de personas con discapacidad, considerando por lo menos el 5 por ciento de su plantilla laboral, de acuerdo a lo establecido en la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad.
Lo anterior, tras un exhorto presentado por la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, quien reiteró que se deben de generar espacios incluyentes y accesibles, principalmente en las dependencias gubernamentales a fin de que sean ejemplo para los demás espacios de trabajo.
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“Hacemos un llamado para que cumplan con esta acción afirmativa y promuevan entornos incluyentes, accesibles y sobre todo impulsar los derechos de todas las personas, en particular de las personas con discapacidad que han sufrido discriminación estructural y sistemática al enfrentarse a situaciones complejas y al superar barreras de actitud, comunicación, físicas, políticas, programáticas, sociales o culturales”, señaló.
Argüelles Díaz dijo que la Constitución establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y la Ley Federal del Trabajo, por su parte, describe el trabajo digno o decente en el que se respeta plenamente la dignidad humana, no existe la discriminación y se tutela la igualdad de trabajadores y trabajadoras, el trabajo es un derecho y un deber social.
Agregó en su exposición de motivos que la igualdad debe trascender del papel a la realidad, de la Ley al impacto en la vida de la gente. Las personas con discapacidad, sufren de discriminación en varias esferas como la laboral, por ello, la importancia de acciones afirmativas que promuevan su inclusión para mejorar su bienestar y ejercer plenamente sus derechos.
Dicho exhorto complementa la iniciativa presentada por el diputado del PAN, Arturo Zubía en la cual pretende reformar la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado para obligar al Estado y los Ayuntamientos a que garanticen la contratación de al menos cinco personas con discapacidad por cada cien servidores públicos existentes.
Lo anterior, con el propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad avanzando hacia un México más justo, igualitario y respetuoso de la dignidad humana.