El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, comentó que el gobierno Federal debe ser quien ponga orden en la situación de las personas en situación de movilidad, que en lugar de penalizar y criminalizar este acto, se debe dar un orden que no viole los derechos humanos de los migrantes ni minimice los derechos de los chihuahuenses.
Según el funcionario, el objetivo que debe perseguir el estado es el de poner orden en la migración de las personas de América del sur, “los mexicanos también tenemos derechos de vivir en paz y a saber quien entra y quien sale del país, y con qué fines llegan”.
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Además, agregó que el estado de Chihuahua no puede simplemente ser un campo abierto a donde llegan un sinnúmero de ciudadanos de otros países y no existe un método para contabilizar este ingreso, sin saber si son menores de edad o mayores.
De la Peña comentó que lo anterior tiene que ver con una el orden, el cual se remonta a una reforma en materia de migración la cual ya no responde a las necesidades reales a las que se enfrenta el país y los estados fronterizos.
Por ello, enfatizó la importancia de la comunicación y enlazamiento con los países expulsores y con los que reciben a los migrantes para comenzar con las pláticas sobre el tránsito de personas, logrando un flujo ordenado y seguro, tanto para ellos en su situación de movilidad, como para los ciudadanos de los lugar por donde pasan y a dónde se dirigen.
Santiago de la Peña comentó que México es conocido como el país que recibe con los brazos abiertos a los migrantes, siendo la verdad que el desorden que se ha provocado por la actividad sin medidas y la decisión del Ministerio, provoca que en lugar de recibirlos los estamos echando a los brazos de la violencia organizada.
Asimismo, puntuó que se debe de considerar que el respeto a los derechos humanos de los migrantes no tiene que estar por encima de la garantía y el respeto a los derechos humanos de los habitantes del país, enfatizando a los ciudadanos de la capital y de Ciudad Juárez, quienes han expresado ver el deterioro de sus propios derechos humanos.
Sin generalizar ni criminalizar, de la Peña señaló que ya no solo se ven migrantes víctimas de la violencia organizada, sino que se han convertido en parte activa de las actividades delictivas.
Asimismo, agregó que una de los problemas que tuvieron durante uno de los picos de la crisis migratoria en el pasado mes de abril, agosto y una vez más en septiembre, fue que el Instituto Nacional de Migración, además de no cumplir con sus obligaciones, no informaba sobre el flujo migrante ni los principales puntos de entrada y forma de traslado de los extranjeros.
Por ello, es se espera que trayéndolo a la mesa de seguridad se obtendrá mucha mayor información así como un aumento de presión para que cumplan con sus obligación, al mismo tiempo en que informen sobre los datos necesarios para mantener un orden los siguientes meses que continúen los flujos migratorios.