La Fiscalía General del Estado, logró la captura de un sujeto identificado como César Alonso M.S. quien durante el año 2017 y 2018, decidió generar un presunto desvío de recursos, en perjuicio de una empresa en la que laboraba en la ciudad de Chihuahua, ya que se enviaba dinero a su cuenta sin autorización de la empresa en cuestión.
Fue la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, quien logró hacer la captura de César Alonso en el estado de Yucatán, donde lograron localizarlo luego de que aparentemente se evadiera de la justicia del estado, quien le seguía los pasos desde hace más de cinco años.
Las autoridades estatales consideraron que el detenido, había generado una administración fraudulenta por un monto de casi 4 millones de pesos ya que en las mismas indagatorias quedó establecido que, en julio de 2017, cuando el imputado era administrador de una compañía de insumos médicos, realizó gestiones de cobranza a una institución de salud pública y posteriormente, depositó los recursos en una cuenta alterna.
La cuenta alterna era de reciente creación que abrió a su nombre, desviando un total de 1 millón 941 mil 658 pesos, según los registros que logró recuperar la Fiscalía General del Estado, quien logró capturar al presunto responsable.
Informes oficiales indican que en abril de 2018, ya no era el apoderado legal de la compañía y a pesar de ello, cobró a otra institución de gobierno, 2 millones 053 mil 152 pesos con la misma forma de operación, por lo cual sumó cerca de 4 millones de pesos de daño a la empresa que no recibió el recurso para la administración de los productos médicos.
La Agencia Estatal de Investigaciones de la Zona Centro se trasladaron a la Ciudad de Mérida, Yucatán, para ejecutarle una orden de aprehensión y traerlo a la ciudad de Chihuahua para llevarlo ante la justicia, ya que contaban con elementos suficientes para iniciar un proceso penal correspondiente.
Tras presentarlo ante un juez de control, se determinó que el imputado deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso, mientras que el Ministerio Público contará con un plazo de dos meses para realizar las investigaciones complementarias.