De acuerdo a los archivos judiciales, audiencias, resoluciones y órdenes de aprehensión, 18 jueces fueron los que llevaron a cabo el 95% de los casos de lo que se conoce como el Operativo Justicia para Chihuahua, entre los que se encuentra el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, quien ya aceptó haber recibido presiones para resolver los casos en contra de los exfuncionarios.
En el Consejo de la Judicatura existen 27 denuncias en contra de 17 de los 18 jueces, que fueron ubicados en todos los casos del Operativo Justicia para Chihuahua, quienes emitieron vinculaciones a proceso, prisiones preventivas, cateos, aseguramientos y órdenes de captura de acuerdo a los registros que cuenta el Tribunal Superior de Justicia.
El que ya reveló haber aceptado las presiones para resolver de acuerdo lo instruía el Gobierno del Estado, que encabezaba el exgobernador Javier Corral Jurado, fue el juez Samuel Uriel Mendoza, quien incluso ordenó la vinculación a proceso en contra de la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván por el caso de la “nómina secreta”.
“Es un asunto que por mucho tiempo fue tratado con matices políticos, para mí como los juzgadores que intervenimos, existieron intereses había intereses en el proceso, fue una cuestión de índole pública, hubo acercamientos y llamadas, tratando de influenciar el sentido de la resolución, fueron días y meses, tanto para mí como otros jueces”, fue el comentario que compartió el juez Samuel Mendoza.
Lo dicho por el juez, al igual que en su persona, existieron varios jueces que fueron “presionados” desde el Poder Ejecutivo, y quienes fueron denunciados por algunos de los exfuncionarios por tener esa “marcada” tendencia en las diferentes causas penales que iniciaron a algunos de ellos, como Gerardo Villegas, Antonio Tarín, Jesús Esparza, Marcelo González, Alejandro Villarreal, Agustín Fong, Lázaro López Ramírez, entre otros.
Entre los juzgadores que siempre llevaron los casos de la Operación Justicia para Chihuahua se encuentran Abigaíl Sosa Gómez, Delia Valentina Meléndez, Eduardo Alexis Ornelas, Jorge Napoleón Raya, Karla Otero Monárrez, Lucero Anaid Moreno, Luis Carlos Flores Morales, María Alejandra Ramos Durán y María Guadalupe Hernández.
También se encuentra en los archivos del tribunal Nora Aída Espino, Samuel Uriel Mendoza, Angélica Sánchez, Alejandro Lagarda, Hilda Márquez, Octavio Armando Rodríguez, Luis Carlos Romero y Sandra Zulema Palma.
Varios de los señalados en las presiones que fueron reveladas por el Juez Samuel Mendoza fueron ratificados ayer por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pero a pesar de ello serán investigados cada uno en lo individual para definir su destino.
Otra de las jueces que fue señalada de haber seguido una “línea” directa fue Alejandra Ramos Durán, quien negó la libertad condicional a Lázaro López, quien se contagió de Covid-19 en el Cereso 1 de Aquiles Serdán, y posteriormente falleció, luego de que le negaran el traslado a un hospital, durante cuatro días consecutivos.
A pesar de que su muerte se presentó hace un par de años, la juez incluso instruyó a que la Fiscalía General del Estado investigue el motivo del deceso, a pesar de que la familia ya cuenta con el acta de defunción donde atribuyeron la causa de la muerte a problemas respiratorios por Covid-19.
Como este caso existen decenas más de jueces que negaron la libertad condicional a más de 30 detenidos, ya que todos los detenidos en el llamado Operativo Justicia para Chihuahua llevaban la prisión preventiva forzosa, a pesar de que el delito no lo ameritaba.