Un total de 3 mil 430 personas se encuentran privadas de la libertad en algunos de los nueve Cereso del estado de Chihuahua, a espera de que un juez pueda resolver su situación jurídica y determine si son penalmente responsables o no a través de una sentencia condenatoria, por los delitos que un ministerio público ha expuesto en su contra.
Estos mismos internos podrían quedar en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina eliminar la prisión preventiva en México, que podría dar la posibilidad de que las personas acusadas de algunos delitos como homicidio, trata de personas, violación, entre otros, puedan seguir su proceso en libertad.
En Chihuahua, poco más de 3 mil 400 personas, se encuentran detenidas a través de la medida cautelar de prisión preventiva, tras haberles formulado alguna carpeta de investigación o haber sido vinculados a proceso, que es uno de los principios para que se otorgue la prisión preventiva en contra de los detenidos.
Según el proyecto que analizará la Suprema Corte, se busca que las personas ya no sean enviadas a prisión por cometer algún delito de manera justificada o de forma oficiosa, y que puedan llevar el proceso en libertad condicional si cumplen con ciertas disposiciones para que sea a sujeto a este beneficio.
De acuerdo al informe mensual de información estadística penitenciaria a nivel nacional, que elabora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se desprende que en el estado de Chihuahua el límite de internos es de 7 mil 386 presuntos delincuentes, pero actualmente existe una población de 8 mil 808 presos, que corresponde a mil 422 personas de más que están albergando estos centros penitenciarios.
Del total de la población, según el informe nacional, se informó que 3 mil 064 personas del fuero común no tienen una sentencia condenatoria, es decir que sus procesos se encuentran en investigación para poder ser sentenciados y que sean penalmente culpados de los delitos que cometieron.
Asimismo de esas poco más de 3 mil personas, 2 mil 943 personas son personas del sexo masculino y 121 corresponden a mujeres. Mientras que las personas que ya recibieron una sentencia condenatoria en el fuero común fueron 4 mil 865 personas, de las cuales 4 mil 695 corresponden a hombres y al menos 170 son mujeres.
En el caso de los detenidos por el fuero federal, los centros penitenciarios del estado albergan un total de 879 detenidos, de los cuales 366 no tienen una sentencia condenatoria y el resto (513) tienen una sentencia condenatoria por los delitos que cometieron, siendo 433 hombres y 80 mujeres.
Chihuahua se coloca en el lugar número seis a nivel nacional en la estadística de sobrepoblación en los centros penitenciarios, al tener poco más de mil 400 internos de más dentro de las celdas y que violenta las disposiciones que marcan los lineamientos en derechos humanos en el que se busca terminar con el hacinamiento de las prisiones.
En caso de que la Corte avale eliminar la prisión preventiva como medida cautelar, las más de 3 mil 400 personas en el estado entrarían en un estudio de cada uno de los casos, para ver cuáles sí podrían tomar su libertad y cuáles deberían seguir su proceso en prisión, con el fin de evitar la impunidad o lo que se conoce como “la puerta giratoria” de los delincuentes.
Analizará SCJN eliminar la prisión preventiva oficiosa en México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará la eliminación de la prisión preventiva oficiosa o justificada en México, esto tras el amparo en revisión 355/20211 en el que se solicita analizar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se consideró violatorio a derechos humanos.
En próximos días resolverá los asuntos de trascendencia nacional referentes a la prisión preventiva oficiosa que el Poder Constituyente Permanente estableció en el artículo 19 constitucional desde el año 2008, donde resolverá un juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad identificadas como 130/2019 y 136/2019, respectivamente.
Este día se analizará la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, donde se podría resolver una de las medidas cautelares que pueden ser adoptadas por los juzgados de Control, en las que se busca garantizar la comparecencia de la persona imputada en el juicio, para garantizar el desarrollo de la investigación y para proteger a la víctima de alguno de los delitos en la República Mexicana.
La medida cautelar de prisión preventiva es una de las más graves, ya que implica mantener en la cárcel a una persona mientras se desarrolla el proceso, es decir que deben ir a prisión cuando existan los principios de subsidiariedad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a pesar de que no reciba una sentencia condenatoria.
Con esta revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría determinar si existen elementos para poder eliminar la prisión preventiva, esto a pesar de que podría no garantizarse la justicia de las personas que fueron víctimas de un delito en el país.
De acuerdo al Informe de Estadística Penitenciaria Nacional hasta junio de 2022, se contemplaba que 226 mil 916 personas fueron privadas de la libertad, de las cuales 92 mil 595 se encontraban en prisión preventiva, es decir que casi la mitad está en prisión sin que hasta el momento no haya una sentencia y de manera oficiosa.