Entre enero y septiembre del presente año, 71 menores de 18 años han fallecido víctimas de homicidio en el estado de Chihuahua, cifra que representa una disminución del 18.2% con respecto al mismo periodo de 2023.
Lo anterior, de acuerdo con datos de la Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La estadística señala que entre enero y septiembre de 2023, se registraron 84 homicidios contra menores, mientras que en el mismo periodo del 2022, fueron 93.
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Dichas cifras, arrojan un promedio de 82.6 homicidios, en los tres períodos de referencia.
De los homicidios que se registraron a nivel nacional, 53 se han registrado en varones, lo que representa más del 74 por ciento, en 18 casos, las víctimas fueron mujeres.
A nivel nacional, han muerto por homicidio 1,817 menores en el mismo periodo señalado. La mayoría se han registrado en el estado de Guanajuato, con 189; Michoacán con 170 y el Estado de México, con 141.
El estado de Oaxaca registró 127, después se ubicó Puebla con 110 y Jalisco con 105 homicidios.
Cabe mencionar, que la estadística incluye homicidios por arma de fuego, arma blanca y otros elementos. De igual manera se abarcan los que ocurrieron de forma accidental.
En este contexto, se expone que el término homicidio, "es un término legal que engloba los conceptos legales de homicidio culposo” (donde no hay culpa intención) pero no así en cuanto a responsabilidad.
Algunos ejemplos de este tipo de homicidios son los accidentes viales e incluso por armas.
En el caso de los homicidios dolosos se establece que existe "voluntad o aceptación de realizar acciones tendientes a hacer daño", sin embargo por razones metodológicas de la fuente y por razones de género, no se incluyen los femicidios.
De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 14: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo".
De igual manera, establece que las autoridades deberán llevar a cabo "acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida”.
La Red de Derechos por la Infancia y Adolescencia, considera en este sentido que “pese a las acciones implementadas por el Estado mexicano para prevenir la privación de la vida de la infancia y la adolescencia”.