La muerte de Silvana, quien con apenas un año falleció a consecuencia de desnutrición crónica agudizada severa, es muestra de lo que indica el Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las Entidades, Municipios y Demarcaciones Territoriales 2022 que se publica en la plataforma Coneval, en el que se indica que más de 507 mil chihuahuenses no tienen acceso a la salud ni a una alimentación de calidad nutritiva.
Esta cifra abarca población tanto de zonas rurales como urbanas, sin embargo, la población más afectada se encuentra en Buenaventura, Carichí, Temósachic y Urique, donde más del 90 por ciento de la población vive en pobreza que va de extrema a media alta.
El documento indica que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las personas en situación de pobreza son aquellas que tienen al menos una carencia social en seis indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
Además, los municipios en los que se detecta más desnutrición y/o anemia son Uruachi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Moris, Urique, Guazapares, Batopilas, Balleza, Guachochi, Carichí, Chínipas, Gómez Farías y Guerrero, aunque debido a la migración indígena, estas condiciones de salud se perciben en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.
Prevalece pobreza en zonas rurales
El informe indica que el 39 por ciento de la población rural en la entidad vive en situación de pobreza. En esta zona, señala, “existen características particulares que en conjunto han hecho que persista un mayor porcentaje de población en situación de pobreza, en comparación con el ámbito urbano”.
Entre las principales condiciones destacan, tipo de actividades económicas, la percepción y fuentes de ingreso, dotación de servicios e infraestructura. De igual forma, la presencia de población indígena, pues históricamente han presentado mayores carencias y vulnerabilidad, en comparación con el resto de la población.
De acuerdo al Coneval, en la entidad más de 110 mil habitantes viven en condición de pobreza extrema, de los cuales la mayoría corresponden a población indígena y zonas rurales. Las cifras anteriores, prácticamente no registran variación en los últimos censos y estudios.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refiere que las personas en situación de pobreza son aquellas que tienen al menos una carencia social dentro de los seis indicadores que establece y son el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias (y no alimentarias).
La definición de pobreza extrema referida por Coneval, “cuando una persona tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo”.
Añade que las personas en esta situación “disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana”.
En este contexto se indica que la población indígena es vulnerada en prácticamente todos los ámbitos. Las familias de etnias indígenas en el estado de Chihuahua están conformadas por hasta cuatro o cinco integrantes, que viven en un espacio reducido en uno o dos cuartos. Del total 88 por ciento de estas viviendas están construidas con materiales de baja calidad, y sólo un 5 por ciento tiene acceso a servicios básicos.
Otras cifras indican que 79 por ciento de la población indígena no tiene acceso a una alimentación adecuada o saludable, pues la mayor parte no tiene ingresos fijos. Dicho porcentaje se refiere tanto a la población que vive en situación de pobreza o pobreza extrema, cuya alimentación no es adecuada y/o suficiente.
La carencia por acceso a la seguridad afecta a 78.4 por ciento de la población indígena, y esto se refiere específicamente a la referencia que hacen las personas encuestadas, al señalar que no consideran que alguna de las corporaciones de seguridad brinde servicio adecuado.