Chihuahua y todo México, no cuenta con las condiciones para que se elimine la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues se estría abriendo la puerta a varias personas que actualmente se encuentran enfrentando la medida como parte de algún proceso penal por la comisión de algún delito grave.
Así lo dio a conocer la diputada federal por Chihuahua, Rocío Reza Gallegos, quien destacó que esa medida podría eliminarse, cuando las fiscalías estatales y la federal, cuenten con los recursos, el personal y todo lo necesario para garantizar una justicia pronta.
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“Al dar ese paso, se puede de alguna manera brindar libertad a quienes el Estado necesita mantener en prisión preventiva; obviamente si tuviéramos fiscalías en todo el país, con todo lo que se necesita para eliminar esta cuestión de la prisión preventiva oficia, pero no hay las condiciones”, reiteró.
La legisladora federal por Chihuahua, destacó que la eliminación de esa medida, se ha convertido en una tendencia internacional, pues emana de la Corte Interamericana y diversos tratados internacionales, cuentan con esa tendencia.
Sin embargo, Reza Gallegos agregó que en México se debe de dejar de presionar sobre la eliminación de un elemento como ese para impartir la justicia.
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“No estamos preparados aún para eso, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que analizar la situación en la que se encuentra el país, para no dar un paso en donde de cierta forma se beneficien situaciones complejas”, enfatizó.
La diputada del PAN añadió que las fiscalías tienen una enorme carga laboral y la prisión preventiva es una herramienta que brinda tiempo a las autoridades para el desarrollo de las investigaciones.
Cabe mencionar que 31 gobernadores del país y de todos los partidos políticos, incluida la mandataria chihuahuense María Eugenia Campos, solicitaron a la corte que no determine la eliminación de esa medida cautelar.
Ante esto, Rocío Reza aseveró que desde la Cámara de Diputadas, se respaldará la petición que sin distingo político o partidista, realizan los titulares de los ejecutivos estatales.