La activista y fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma Ortega, dio a conocer que ante el anuncio del fiscal general Roberto Fierro Duarte, en el que se pretende tipificar el desplazamiento forzado en el estado, consideró que es necesario, además de incluirlo en la ley, incrementar los recursos y el personal para actuar y prevenir que se genere el delito.
Comentó que entre 2010, cuando este delito comenzó a tener relevancia en el estado de Chihuahua, y a la fecha, esto sigue pasando en varias comunidades donde existe poca presencia policial como es en la Sierra Tarahumara y otros puntos donde los grupos criminales tienen mayor autoridad que las policías estatales o municipales.
“Se debe considerar proveer los insumos necesarios, ver los requisitos, viendo una problemática que existe, que se requiere para poder dar el refugio a las personas, ya que es imposible que el estado pueda controlar la presencia del crimen organizado, el desplazamiento de familias que están obligadas a retirarse de sus hogares, que tipifique y proteja a las familias que está en esta situación”, compartió.
Norma Ledezma dijo que el desplazamiento forzado en el estado se da a raíz de la delincuencia organizada y que las familias que tienen la intención de protegerse y de salvaguardar su vida terminar por escapar o se ven obligados a huir de sus comunidades para no ser víctimas de algún delito o hasta una privación de la vida.
Dijo que como activista y defensora de varias víctimas del estado conoce de estos hechos que se han registrado en la Sierra Tarahumara, en los municipios como Madera e incluso del otro extremo en Ojinaga, donde ha constatado cómo abandonan sus hogares y éstos se encuentran destruidos aun con algunos indicios de que se encontraban en ese lugar.
“Deben salir por la inseguridad y el desplazamiento forzado, no está tipificado, se ha atendido a cuentagotas, considerando que efectivamente se tendría que haber hecho, que se tipifique, que no solo se incluya, sino inyectar recurso todo lo que se requiere, porque estas familias deben rentar una casa, conseguir un nuevo trabajo, es una serie de viacrucis que pasan las familias” comentó.
También consideró que no se requiere de una “fiscalía especializada”, ya que como esta existen muchas en el estado y que la gran mayoría se quedan como un “elefante blanco” que luego de que fueron creadas, ya no tuvieron seguimiento o no cuentan con actividades puntuales y enfrentan escases de recursos.
“Las fiscalías especializadas sobran, tenemos un ejemplo en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que debería proveer a las víctimas y deberían de incluirlos en la protección de extenderlos a la comisión de víctimas, podría crearse un área en Derechos Humanos, con los recursos o un perfil quien dirija que tenga un perfil idóneo, no es solo ser abogado, es tener la sensibilidad, conocimiento, recursos para hacer efectiva el cumplimiento de la ley añadió.
También aseguró que la atención a las comunidades desplazadas no es solo brindarle atención de alimento o vivienda por tres meses, sino que se les pueda brindar una nueva oportunidad de vida a las familias, pues aseguró que se deben separar de sus raíces por cuestiones de inseguridad y nadie hace nada para prevenir lo mismo.