Al pie de la Cruz de Clavos, el antimonumento a la impunidad en Chihuahua, familias de víctimas de feminicidio acompañadas de la Organización Amnistía Internacional México recordaron la deuda histórica que el Estado mexicano y en particular Chihuahua tiene con las víctimas y mujeres en cuestión de seguridad y protección de vida, donde hay políticas públicas simuladas sin recursos.
Alrededor de la Plaza Hidalgo colocaron decenas de cruces en color rosa, para recordar a las víctimas y como en todos estos años la violencia se ha extendido en todo el país con una incidencia alarmante, tan sólo en 2022 fueron asesinadas 3 mil 765 mujeres, es decir, al día 10 mujeres pierden la vida en México.
El acto se realiza a 30 años de que se empezaron a registrar los femicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua y 20 años de publicado el primer informe Muertes Intolerables por Amnistía Internacional, por lo que el Movimiento Estatal de Mujeres Feministas agradeció el acompañamiento por parte de la organización.
Las integrantes del Movimiento Estatal de Mujeres Feministas denunciaron que los principales obstáculos para la justicia son la simulación de las autoridades federales y estatales que se refleja, por ejemplo, en seguir contabilizando al feminicidio como homicidio doloso, en la falta de una política real de prevención y en la reducida asignación presupuestal para erradicar la violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres.
De la misma manera se dijo que no se ha cumplido con la obligación de salvaguardar la vida de las mujeres y que las autoridades han sido omisos y simuladores de políticas públicas y propuestas que aceptan pero no se les destina el presupuesto y el personal para operarlas.
Como parte de la ceremonia, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, Edith Olivares encendió una vela, que es el símbolo de Amnistía Internacional, para recordar a las víctimas de feminicidio en el estado y de todo el país y dio antecedentes del informe Muertes Intolerables, que contribuyó a dar a conocer a nivel mundial los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua.
La maestra Alma Gómez recordó que en 1993 Esther Chávez Cano empezó a documentar los homicidios de mujeres, en el 2005, Amnistía Internacional entregó una vela con el logo de la organización, misma que fue encendida por Edith Olivares. Una llama que a lo largo de los años sigue encendida en búsqueda de la justicia por parte de las madres de las víctimas.
Se recordó que en 1997 se realizó la primera acción en Chihuahua capital con un panteón de cruces, desde entonces Mujeres de Negro y la campaña Ni una más nació.
En su intervención Graciela Ramos señaló que el 25 de noviembre de 1992, alrededor de 500 mujeres de 11 municipios marcharon en un cortejo fúnebre para manifestarse contra la desaparición y homicidios de mujeres. Hasta 1992 se penaba más a quienes mataban a una vaca que a quien cometía una violación en contra de una mujer.
Tras el hallazgo de las víctimas en el Campo Algodonero irrumpieron en el desfile del 20 de noviembre para decirle a la gente que las muertas no eran mujeres prostitutas como decía la autoridad, sino eran niñas, adolescentes y jóvenes a quienes se les había arrebatado la vida. A la vez recordaron cuando se colocó la primera Cruz de Clavo, el éxodo por la vida, la Cruz de Clavos en Juárez y la actual Cruz de Clavo en la Plaza Hidalgo, la cual es el anti monumento que recuerda la impunidad y falta de justicia, así mismo el memorial para las víctimas.
A pesar de que el Estado Mexicano cuenta con la sentencia del caso González y otras, mejor conocida como Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las acciones han sido insuficientes, la sentencia se cumplió a medias ya que no hay castigo a los culpables y sigue pendiente la no repetición, que sólo se logrará al erradicar la violencia feminicida que requiere cambiar creencias misóginas que hacen creer que las mujeres son objeto o propiedad de un hombre, señaló Graciela Ramos.
Carmen Castillo, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo desaparecida el 18 de octubre de 2010 en Ciudad Juárez y Patricia Cervantes, madre de Neyra Azucena Cervantes desaparecida en Chihuahua un 13 de mayo señalaron que seguirán pidiendo justicia y exigiendo la no repetición a fin de que otras familias no atraviesen por el dolor que ellas viven a diario.
“Aquí estamos todavía a más de 20 años exigiendo justicia porque quienes ejercen las leyes nos ven como invisibles”.
En el informe Muertes intolerables, publicado el 10 de agosto de 2003, Amnistía Internacional documentó la violencia extrema ejercida contra las mujeres en el estado; las irregularidades cometidas por las autoridades de Ciudad Juárez y Chihuahua al investigar los asesinatos de mujeres, así como la violencia institucional contra las familias de las víctimas en su búsqueda de justicia.
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El documento da cuenta de la mala gestión que hicieron las autoridades de los lugares donde se cometieron los crímenes, así como de las pruebas; demoras injustificables en las investigaciones; falta de seguimiento de líneas de investigación; exámenes forenses mal practicados, falsificación de pruebas y del inverosímil cuestionamiento de la conducta de las víctimas.
Ante la ineficacia de las autoridades, las familias de las víctimas se involucraron en las investigaciones en un afán desesperado porque se les hiciera justicia. Para ello invirtieron sus propios recursos, tiempo personal y de sus trabajos, además de que su seguridad se violentó por las amenazas de los agresores e incluso de las autoridades que investigaban sus casos.
Un ejemplo de lo anterior es el caso de Marisela Escobedo, quien a raíz del feminicidio de su hija Rubí Marisol, en 2008, inició un intenso activismo en búsqueda de justicia. Marisela fue asesinada con toda impunidad el 16 de diciembre de 2010 a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
Las irregularidades referidas persisten hoy como hace 30 años, pese a que en ese lapso se aprobó: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –que incluye el mecanismo de las Alertas de Violencia de Género– (2007); el Reglamento de la misma (2008); el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2007); la Ley General de Víctimas (2013); la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2018) y la tipificación del delito de feminicidio (a partir 2012).
A ello se debe agregar también el establecimiento del concepto de feminicidio (2005) y la tipificación del mismo (2007).
Ese entramado jurídico dio lugar a la creación de Fiscalías Especializadas para la Investigación del Delito de Feminicidio; Policías de Género y Centros de Justicia para las Mujeres.
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