Aunque es competencia del gobierno federal, no existe un marco jurídico claro sobre la actuación migratoria, por tal motivo urge la implementación de un protocolo para la atención de los ciudadanos de nacionalidad extranjera en la frontera, fenómeno social que impacta en Ciudad Juárez.
Lo anterior lo informó la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso del Estado, Georgina Zapata Lucero, quien detalló que se busca crear un marco normativo más claro en cuanto a la actuación de las autoridades para una mejor atención de los ciudadanos migrantes.
“El migrante está bajo el amparo de la autoridad que en ese momento lo logra localizar y que bajo su actuar toma la decisión de enviarlo a una casa migrante, cuando en ocasiones se encuentran con lesiones y no cuentan con la atención médica inmediata”, agregó la legisladora.
“Ha habido casos en donde los migrantes se encuentran en habitaciones en situación de salubridad y de salud precaria, sin recursos económicos, ni alimentación, y sin respuesta de la autoridad, por tal motivo urge la respuesta de la autoridad”.
“En ocasiones, los vecinos al darse cuenta de algún migrante en estado delicado de salud, marcan al 911, por tal motivo urge establecer un marco legal que permita saber qué hacer en determinadas circunstancias, es decir un protocolo de actuación migratoria”, explicó Zapata Lucero.
Por todo lo anterior es que se han tenido reuniones semanales con diversas autoridades con la finalidad de lograr un protocolo migrante, tras la situación complicada derivada de la deportación de venezolanos, además de otras nacionalidades.
Lamentó la diputada del PRI la poca solidaridad por parte de la autoridad federal, ya que el Instituto Nacional de Migración, no acude a las mesas de trabajo.
Con respecto a que a que si un grupo delictivo emplea la violencia para someter a los migrantes que llegan a ciudades de la frontera, como Juárez, para intentar cruzar de manera indocumentada a la Unión Americana, a quienes según información de autoridades los mantienen en casas de seguridad, mientras cobran su estancia y extorsionan a sus familias en sus lugares de origen, la legisladora indicó que no se ha mencionado en mesa este tipo de hechos, por lo que dijo desconocer de esta situación, sin embargo indicó que solicitará dicha información.