La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández Acosta, sostuvo un encuentro con un grupo de al menos 50 afectados por la empresa Aras Investment Business Group, a quienes les informó que no se podrían liberar los bienes que se tienen embargados por mandato judicial.
Durante la tarde del miércoles, el grupo de afectados, acudió a las instalaciones del Tribunal Superior, donde los esperaba la titular del organismo judicial, para platicar sobre las alternativas que existían sobre el denominado “caso Aras”, pues les adelantó que no pueden liberarse los bienes porque los mismos forman parte de un procedimiento legal.
La intención de los afectados, era de buscar a través del Instituto de Justicia Alternativa proveniente del Poder Judicial del Estado, que se realizará un acuerdo reparatorio a las víctimas a través de un mecanismo de conciliación, es decir que se pudiera llegar a un acuerdo monetario entre ambas partes para terminar con el conflicto que se ha generado a raíz de las promesas de la empresa Aras.
“No es correcto que se liberen bienes para realizar la reparación del daño para algunos, por lo que lo único que nos queda es que Armando Gutiérrez esté tras las rejas, porque de lo contrario no habrá nada”, informó Sergio Mata Carrasco, uno de los ciudadanos defraudados que estuvo en la reunión con las autoridades judiciales.
Consideraron que en esta ocasión –el día 10 de octubre- se realizará una audiencia de 400 denuncias, por lo que es complicado, ya que son más 5 mil carpetas que se tiene que judicializar, por lo que, podrían pasar algunos años para poder judicializar las carpetas de investigación de los afectados.
Los afectados que tuvieron oportunidad de asistir a la reunión con la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, recibieron información de que no era necesario de que asistan la segunda “mega audiencia” ya que será un procedimiento largo, pero que en caso de querer obtener mayor información los podrían recibir en las instalaciones.
“La reparación del daño a corto plazo, queda descartado, porque no van a liberar los bienes, la razón que dicen, es porque está complicado, porque deben esperarse y una sentencia para todos los afectados” fueron las palabras Sergio Mata Carrasco, quien encabezó la representación de los afectados.
Es decir que no se puede pagar a unos cuantos, que no era legal, pero que de igual forma la Magistrada les pidió tiempo para revisar bien el caso, sin embargo, si les recalcó que existía la posibilidad de que no se diera de esta forma, ya que al tratarse de muchas personas, algunas podrían llegar al pago y otros no alcanzarían.
Desde inicios del mes de agosto, el abogado de la empresa Aras, Jorge Emilio Hernández Mata, ofreció a los afectados llevar a cabo un acuerdo reparatorio a través del Instituto de Justicia Alternativa, con el objetivo de que se desistieran del proceso penal y solucionaran el conflicto de una forma conciliatoria y más rápida que el proceso penal.
Hasta el momento la Fiscalía General del Estado, el día 10 de octubre buscará fincar responsabilidades a los tres detenidos por 400 víctimas del presunto fraude de la empresa Aras, por un monto superior a los 150 millones de pesos que recabaron durante el 2020 y parte del 2021 en el estado de Chihuahua.
De igual forma, como parte de las investigaciones, al momento han logrado vincular a proceso a tres detenidos por un total de 315 víctimas, por un monto acumulado de poco más de 85 millones de pesos, que sumarían –si el juez de control lo decide vincular a proceso- un monto total de daño patrimonial por poco más de 235 millones de pesos.
La empresa Aras Investment Business Group, en la ciudad de Chihuahua comenzó a lanzar programas de inversión durante el 2020 y entregaba “rendimientos” llamativos de hasta el 10% de la inversión, lo cual estuvo cumpliendo por algunos meses, hasta que tuvieron una serie de problemas financieros que los obligó a suspender los pagos y finalmente cerrar operaciones, afectando a más de cinco mil personas que confiaron en esta empresa.