La Comisión Estatal de Derechos Humanos observa un aumento considerable de personas de diferentes nacionalidades que esperan un proceso de ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica, lo que ocasiona hacinamiento, falta de alimentos y servicios médicos.
El retorno de migrantes, sobre todo de origen Venezolano, a México por la frontera de Ciudad Juárez es una bomba de tiempo, debido a que no se cuenta con los recursos y el apoyo gubernamental necesario para encarar la situación.
A diario se calcula el incremento de alrededor de 300 personas, ya que Estados Unidos expulsa a las personas hacia México o a sus países de origen. Estas expulsiones se conocen como expulsiones bajo Título 42, por lo que ahora los venezolanos, principalmente, deben de realizar el trámite de visa de trabajo desde su país a fin de que cumplan con los requisitos e ingresen a EU vía aérea.
Los requisitos van desde cumplir con un esquema de vacunación completa, ya que hay vacunas que no se aplican en los países sudamericanos. Otro de los requisitos es que una persona que esté en Estados Unidos respalde tu estancia con un ahorro de alrededor de 20 mil dólares y comprobar un ingreso mensual de más de 10 mil dólares. Además de contar con pasaporte vigente.
En Ciudad Juárez hay más de 2 mil personas deportadas, por lo que las necesidades se incrementan. Muchos no se trasladan a los albergues y se quedan en la ribera del Río Bravo, quienes reciben la solidaridad de la población juarense, sobre todo porque es una comunidad de personas migrantes.
Por su parte, el maestro Néstor Manuel Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que se encuentran realizando recorridos en los albergues de Ciudad Juárez, donde algunos se encuentran saturados y sin margen de maniobra, ante la creciente ola de personas migrantes que esperan continuar con el proceso de ingreso a EU.
Destacó que las necesidades son crecientes sobre todo en alojamiento, alimentación y servicios de salud, ya que son personas que se encuentran en alta situación de vulnerabilidad y que requieren atención prioritaria.
“Tratamos de ayudar en la medida de lo posible”, dijo el ombudsman, quien agregó que se encuentran a disposición de cualquier persona que considere que ha sido víctima de algún acto de violación a sus derechos.
Destacó que en ocasiones para estas personas es muy difícil acercarse debido a su situación vulnerable y que tienen el temor fundado de que pueden revisar su situación migratoria.
Hay que destacar que el Instituto Nacional de Migración está otorgando permisos de trabajo por un periodo de 105 días, pero son alrededor de 50 los que aceptaron la oferta.
Además anteriormente, la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana externó su preocupación por las frecuentes violaciones a los derechos humanos que se cometen en agravio de las personas en contexto de movilidad: personas migrantes que siguen siendo víctimas de abusos por parte de autoridades municipales, estatales y federales; solicitantes de refugio a quienes no se les respetan su documentación y son detenidos arbitrariamente por elementos del Instituto Nacional de Migración; mexicanas y mexicanos que tienen que emigrar, por la inseguridad y la falta de oportunidades, muchos de los cuales son deportados desde Estados Unidos a sus lugares de origen sin que se les ofrezcan las condiciones para rehacer su vida; y, finalmente, un aumento en el número de víctimas de trata.