La criminalización social, negación de los derechos, la obstaculización a los servicios de salud, equipos medios no objetores, así como gobiernos y grupos anti derechos son parte de los desafíos en la implementación del aborto en México.
El conversatorio del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres reunió las voces de diversas activistas de Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León y CDMX, quienes desde hace años acompañan a mujeres y personas gestantes, quienes denunciaron que a pesar de que se ha ganado el derecho al aborto hasta las 12 semanas de gestación, se continua viviendo la re victimización al retrasar los procedimientos por semanas en un intento de obstaculizar el aborto.
➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp
La abogada Ninde MolRe, quien trabaja en incidencia política a través de la plataforma Abortistas MX y la Red Necesito Abortar señaló que la plataforma surgió en el 2020 para acompañar a las colectivas y organizaciones que trabajen en el tema del aborto, a fin de hacer intercambio de saberes entre lo local y nacional, se trabaja en 19 estados y colaboran con 25 colectivas para brindarles herramientas de acompañamiento legal.
Desde hace siete años se realizó la reforma de la NOM 046 y todavía hay obstáculos para acceder a ella, debido a que los grupos antiderechos y grupos en el poder no permiten que las personas puedan tomar decisiones sobre su propio cuerpo a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el derecho a decidir vinculado al derecho a abortar no se ha podido aterrizar debido a que hay Códigos Penales que criminalizan.
Salma Silva Sánchez, Marea Verde Chihuahua y cofundadora de Salud Feminista Chihuahua, quien acompañan a mujeres y personas gestantes que necesitan abortar dijo que en la entidad se trabaja con la despenalización social, ya que recordó que cuando iniciaron el movimiento empezaron a repartir volantes para que las personas tuvieran conocimiento sobre sus derechos bajo la NOM 046.
Reconoció que en Chihuahua se cuenta con un gobierno anti derechos y es muy difícil quitar el estigma que existe sobre las personas que abortan. En coordinación con Abortistas MX se trabaja el litigio estratégico a través de amparos. “Estamos en desigualdad, en referencia al resto del país, porque no hemos podido sacar el aborto del Código Penal”.
Salma destacó que están luchando contra la falta de voluntad política y el acoso de los grupos antiderechos, porque en Chihuahua cuando se buscan los servicios de salud, el argumento es que no se cuenta con equipo médico e insumos para realizar un aborto, aunado que el Estado no garantiza personal médico no objetor y el Estado las revictimiza al retrasar el tiempo para practicar el aborto.
Por su parte, Heidy Mares Landeros, activista en Sinaloa y No se metan con nuestras Hijas destacó que aunque hay hospitales del estado que dan el servicio, hay muchos estigmas y casos de violencia obstétrica.
Señalaron que mientras sea un delito limitado por semanas siempre va haber una persona criminalizada.
Actualmente son 11 estados los que cuentan con una despenalización parcial, pero desgraciadamente socialmente no hay avance en la apropiación del derecho y eso se manifiesta en quienes están en las instituciones de salud.
Finalmente, Mariela Castro, consejera consultiva de Chihuahua del Inmujeres señaló que la despenalización social es lo que impide el avance.
