La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha logrado una sentencia de inhabilitación por 10 años para Gerardo “N”, quien fungió como tesorero del municipio de Juárez durante la administración anterior.
Esta medida, emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), responde a una acreditación de desvío de recursos debido a la contratación simultánea de dos particulares para realizar funciones propias de su cargo.
Esta sanción es histórica, siendo Gerardo “N” el primer funcionario municipal de primer nivel en recibir una inhabilitación de esta magnitud. La resolución fue notificada esta semana a la ASE, luego de que el Pleno del TEJA determinara la existencia de una responsabilidad administrativa grave cometida por el exfuncionario en el ejercicio 2019.
Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASE detectó irregularidades en la contratación de dos despachos para gestionar la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante la Secretaría de Hacienda estatal. Según la auditoría, no era necesario realizar ningún procedimiento adicional para obtener dicha devolución, lo que puso en evidencia el desvío de recursos.
El informe de la ASE detalló varias causales para la sanción, entre ellas, la falta de evidencia del trabajo realizado por los despachos contratados, no se presentaron pruebas concretas que justificaran los servicios prestados por los particulares contratados.
Las funciones para las cuales fueron contratados los despachos eran facultades y obligaciones del propio tesorero municipal, por lo que su contratación resultó innecesaria y fuera de lugar.
De igual forma, la contratación no cumplió con los requisitos legales establecidos, lo que agravó la falta administrativa. Estas precisiones fueron sustentadas por la ASE en su informe de auditoría y en el expediente presentado al TEJA, culminando en la histórica sentencia de inhabilitación.
La resolución del TEJA es parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el ámbito municipal. Esta es la primera vez que la ASE obtiene una inhabilitación de 10 años para un funcionario municipal de primer nivel, y es el segundo caso en el que se determina esta misma penalidad.
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Es importante señalar que, conforme a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la resolución está sujeta a impugnación por parte del sancionado. Esto significa que Gerardo “N” aún tiene la posibilidad de apelar la decisión del TEJA, aunque el proceso para lograr una revocación de la sentencia podría ser complejo y prolongado.
Este acontecimiento también refuerza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, aspectos fundamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
